Según demorados datos oficiales, en el primer semestre de 2013 el gobierno nacional distribuyó 865 millones de pesos en publicidad oficial, con un beneficio a medios identificados con el kirchnerismo en una relación de 200 a 1 con respecto a otros realmente independientes.
Pese a su pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en octubre de 2013, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo una serie de consideraciones que acompañaron dicho fallo en las que, entre otros puntos, resaltó la falta de políticas públicas transparentes en materia de publicidad oficial como una de las causas por las cuales el poder político colisiona con la legitimidad de dicha norma.
Señala Adepa que, precisamente, la Corte reiteró a través de distintos fallos que “la publicidad oficial no puede emplearse para intentar disciplinar o seducir a medios de comunicación”.
Pero, el gobierno nacional ha omitido reiteradamente sentencias del máximo tribunal a favor de justos reclamos de empresas periodísticas que se vieron perjudicadas por discriminación en la aplicación de la publicidad oficial a favor de los medios afines o silenciados por el Estado justamente con recursos del Estado.
Apuntan las entidades periodísticas del país que hasta hoy esta última ha sido la respuesta del Gobierno nacional a los pronunciamientos judiciales, con un incremento exponencial de la pauta regida, principalmente, por la citada afinidad editorial de los medios priorizados por las autoridades.
De esta manera, el kirchnerismo ha sabido montar un enorme aparato propagandístico para deslegitimar al periodismo independiente y sostener discursivamente al oficialismo.
Remarcan las entidades periodísticas que el presupuesto nacional prevé este año la asignación de de 4.800 millones de pesos para financiar, básicamente, no sólo el mantenimiento de la red de medios públicos, sino también la distribución arbitraria de publicidad, los gastos del programa Fútbol para Todos, que es empleado con fines proselitistas en sus espacios publicitarios, y al funcionamiento de la Afsca, el órgano que debería aplicar la ley de medios de manera equitativa e independiente del gobierno, pero con el que, por el contrario, siempre coordina sus acciones.
Pese a esa marcada falta de equilibrio en la forma de distribuir la pauta oficial los medios independientes han venido demostrando su permanente predisposición para la amplia cobertura de actos y expresiones oficiales, incluso cuando éstas configuran un ataque a esos mismos medios.
En abierta contradicción los organismos estatales siguen siendo renuentes a brindar datos centrales sobre la gestión. En los últimos días, la Corte Suprema ha vuelto a reclamar la necesidad de una ley nacional que garantice el libre acceso a la información pública.
Los requisitos ineludibles del sistema republicano se ven atacados cuando los recursos del Estado son utilizados para hacer proselitismo o para intentar acallar voces críticas.
