El gobierno provincial redujo de cuatro a tres -por decreto- el acuerdo necesario para la adopción de decisiones del directorio del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), cuyo funcionamiento estaba congelado tras las renuncias en diciembre de sus ex presidente y vice, Javier Montoro y Diego Soria (ambos del FpV) tras del cambio de gobierno.
El alejamiento de Montoro -hoy en la Fiscalía de Estado- se produjo tras siete años de haber encabezado el organismo. Por lo tanto el Frente para la Victoria se quedó -por el momento- sin representantes en el órgano que controla los servicios de agua y cloacas de la provincia.
Los actuales directores representan a la Unión Cívica Radical, al Partido Demócrata y al ARI. El Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), que podría acceder al EPAS por su representación legislativa, rechaza participar de este cuerpo.
Nuevo directorio del EPAS
Desde ayer el directorio del Epas quedó integrado por el demócrata Mario Draque (que continúa las funciones que asumió en 2014), por el radical Orlando Lucentini (60 años, ex vocal del directorio del IPV durante el gobierno de Julio Cobos y vinculado a los intendentes del radicalismo territorial del Este) y por el lilista Ramón Morán Crowley, 57 años, ex concejal del ARI en Godoy Cruz.
Todos son integrantes de fuerzas del frente Cambia Mendoza, que gobierna la provincia. Crowley y Lucentini fueron designados ayer por el decreto 46 cuyo texto destaca que “que las decisiones a tomar deben enmarcarse dentro de la determinación de esta nueva gestión de reestructuración y refuncionalizar la actividad regulatoria que dicho ente desempeña, modificando la legislación existente respecto del quórum necesario para las sesiones del directorio”.
Las decisiones sobre el EPAS se tomaron en medio de crecientes rumores sobre la proximidad de mayores modificaciones referidas al funcionamiento del sector de agua y saneamiento de la provincia, donde Aysam es la prestadora de mayor volumen pero no la única, ya que también cumplen tareas 144 operadores comunitarios, municipios y empresas privadas.
“El directorio sesionará una vez por semana, en los días que determine, o cuando lo convoque el presidente de oficio, o a pedido de por lo menos dos vocales. Tendrá quórum con tres miembros presentes y tomará decisiones por simple mayoría de votos de miembros presentes”, establece el decreto de Cornejo. “El Presidente podrá ser remplazado mediante la solicitud de un nuevo acuerdo al Senado de la Provincia”, indica.
Una realidad distinta a la del EPAS se vive en el EPRE -el ente del servicio eléctrico- donde el presidente sigue siendo el representante del Frente para la Victoria, Elián Japaz, integrante del espacio bermejista del sector azul, de buen diálogo con el cornejismo.
Japaz cuenta con mandato hasta principios de 2017 respaldado por acuerdo del Senado. El segundo integrante del directorio del EPRES es el radical Jorge Mastrascusa. Allí el “quórum” de las decisiones es de dos, ya que el tercer director se encuentra vacante y para designarlo el gobierno deberá llamar a un concurso público previo al envío de sus pliegos al Senado por parte del Poder Ejecutivo.
Transportes
Mediante un segundo decreto (47) firmado por Cornejo y su ministro, Enrique Vaquié, se designa al radical Jorge Leopoldo Cairone (50 años) como director gerente de la Empresa Provincial de Transportes Mendoza (EPTM). Cairone fue senador radical y precandidato a intendente de Capital, aspiración que terminó resignando para apoyar al actual jefe comunal, Rodolfo Suárez.
La EEPTM es la empresa estatal provincial que controla las seis líneas de trolebuses de Mendoza, el primer servicio del país inaugurado a comienzos de 1958. En los últimos años la EPTM se convirtió en uno de los principales focos de reclamo gremial del Estado mendocino.
En paralelo, ha recibido numerosas críticas (incluso del radicalismo cuando era oposición) por el estado de las unidades y la calidad del servicio que presta, en un contexto de desinversión.
