El invierno, que este año adelantó sus rigores, estirará lo que se proyecta como el tiempo más difícil de la gestión presidencial de Mauricio Macri.
La inflación aún vigorosa (aunque a ritmo menguante, coinciden Economía, el Banco Central y algunas consultoras privadas) y el tarifazo derivado del retiro de gran parte de los subsidios a los servicios públicos, cuyo efecto se siente en especial en las facturas de gas, cuyo consumo crece en el momento más frío del año, son de por sí una combinación dura, que se suma a la carestía de los alimentos y las pérdidas de empleo asociadas, en buena medida, a un intervalo en que la obra pública estuvo virtualmente paralizada.
Ninguna de estas constataciones justifica, sin embargo, la brutalidad del ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, quien definió al actual gobierno como peor que la dictadura. “Videla tiraba a nuestros compañeros al mar pero no les sacó la comida, no se metió con el precio de la comida”, dijo el ex funcionario K. “Es un gobierno oligárquico como no hubo en los últimos 70 años. Ni siquiera la Revolución Fusiladora, ni siquiera Onganía, ni la dictadura más brutal que hubo en Argentina, que fue la de Videla, descuidaron el alimento de la gente porque sabían que genera ingobernabilidad sistémica”, fue la comparación que eligió para describir la gestión de Macri. “Cuando vos le sacás la comida de la boca a la gente, olvidate. Ya está”, pronosticó.
Moreno (de quien Néstor Kirchner dijo que era “más bueno que Lassie”) fue un funcionario emblemático del kirchnerismo, cuyo silencio sobre sus declaraciones fue llamativo. Algunos kirchneristas (como el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina) condenaron sí la comparación con Videla y la forma banal en que se refirió a la práctica de tirar gente al mar, pero ninguno se desmarcó de su pronóstico.
¿Qué significó, acaso, ese “ya está” con el que cerró su boutade?
Sucede que ésa es la apuesta del kirchnerismo duro: profundizar la crisis, acelerar sus tiempos, trabajar sobre las carencias y rigores que sufren los más pobres, para producir, si no un golpe, al menos una serie de convulsiones que deterioren irreversiblemente al gobierno.
Las causas judiciales en marcha contra las figuras más prominentes del kirchnerismo (empezando por la propia ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, CFK) y las denuncias que se suman a medida que se conocen nuevos capítulos del latrocinio (la etimología latina de la palabra se entiende mejor si en el lugar de la “t” se pone una “d”) ocurrido entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, están detrás del deseo de estallido social. El lugar elegido es el conurbano bonaerense.
Allí convergen tres ingredientes. El primero, con el que el kirchnerismo convivió en sus más de doce años y medio de gobierno, es el más masivo bolsón de pobreza de la Argentina: bastante más de 1.000 pobres por kilómetro cuadrado, muchos de ellos indigentes.
Allí, también, están las jefaturas de muchos “movimientos” que en los años K fungieron como correa de transmisión de la “política social” que coordinaba la entonces ministra de Desarrollo Social y hoy gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, quienes hicieron de fuerza de tareas callejera y aportaron “capacidad de movilización” a los baños populares que cada tanto le gustaba darse, bien alto desde la tribuna, a CFK.
El tercer factor es clave para leer el pronóstico/deseo de Moreno: esa geografía es también sede de las principales reservas políticas e institucionales del kirchnerismo. En particular, la intendencia de La Matanza, el partido más poblado del conurbano: dos millones de habitantes, más de la mitad no sólo pobres de ingresos sino también sin servicio de cloacas ni provisión de agua potable.
La intendenta es Verónica Magario (hija de Raúl Magario, uno de los tres “valijeros” con los que en los años 70, Montoneros trasegó los 60 millones de dólares -a valores de hoy, más de 250 millones de dólares- del rescate por el secuestro de los hermanos Born), en cuyo gabinete recalaron ex funcionarios nacionales, como la ex ministra de Industria, Débora Giorgi, y el viceministro de Economía, Roberto Feletti (el mismo que en 2011 llamó a “radicalizar el populismo” porque -explicó- “ganada la batalla cultural, no tenés límites”), todos bajo el ala del ex intendente y caudillo del lugar, Fernando Espinoza, que ya en marzo pasado amenazó con la “explosión” del conurbano, mientras personeros suyos agitaban la posibilidad de un paro policial, que la gobernadora Vidal logró evitar.
Entre constantes rumores de asaltos a supermercados, los vaticinios de “estallido” apuntan ahora a agosto, cuando el invierno haya avanzado largamente sobre la piel y los humores de los más pobres. De momento, los gobiernos nacional y provincial reforzaron la seguridad de los supermercados, estrecharon relaciones con algunas organizaciones sociales (las menos reacias al contacto oficial) y aceleraron la distribución de alimentos, reconociendo la dureza de la situación.
El gobierno, que agrega sus propios errores, debe desarmar mientras tanto las innumerables trampas del “plan Bomba” de Axel Kicillof, que dejó no sólo un Banco Central sin reservas y un dólar atado con alfileres (herencia cuya resolución apenas comenzó con la salida del “cepo” cambiario y el fin del default) y una cuenta insostenible de subsidios (legado: el tarifazo), sino también cuentas impagas de gastos corrientes por la friolera de 207.000 millones de pesos, según precisó el nuevo avance del gobierno sobre “El estado del Estado” que recibió del kirchnerismo.
La promesa, que el propio Macri repitió varias veces, de que en la segunda mitad del año habría mejoras perceptibles de la situación económica y social empezó, mientras tanto, a posponerse. Entonces, dijo la vicepresidenta, Gabriela Michetti, apenas empezará a verse “la luz al final del túnel”.
Pobre consuelo, pero mejor que prometer lo que no será.
