Tanto en Mendoza como en el resto del país, el debate del año electoral ha comenzado con la cuestión de las fechas de los comicios, más que centrarse en las propuestas y programas que se deberían postular para mejorar la afectada calidad de vida de la población argentina. Además, se trata de un debate muy discutible que ,si institucionalmente todo funcionara mejor, ni siquiera debería ocurrir.
Lo que pasa es que en nuestro sistema político, más allá de que a veces las leyes especifiquen desdoblamientos o unificaciones electorales entre candidatos nacionales, provinciales y municipales, ejecutivos y legislativos, lo cierto es que en los hechos la decisión final siempre resulta del arbitrio y voluntad personal de quien ejerce la autoridad correspondiente. Lo cual se transforma en una ventaja del sector oficialista sobre el resto de los opositores. En Mendoza los intendentes justicialistas eligieron una fecha electoral alejada de los comicios provinciales y nacionales, por temor a ser arrastrados hacia abajo por los candidatos de dichas jurisdicciones.
Por su lado, el gobierno provincial eligió desdoblar sus candidatos locales de los nacionales por razones similares a las de los justicialistas. En sentido contrario, por pedido presidencial, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y el jefe de gobierno de la Capital Federal, unificaron sus elecciones con la nacional. Y así en todo el país, las fechas de las elecciones se han convertido el algo totalmente dependiente de las conveniencias políticas de quien puede efectivamente tomar la decisión en un sentido o en otro y eso es una atribución que inclina la balanza del equilibrio que debería existir.
Lo lógico, lo razonable, es que si se instituye una ley que determina de una vez por todas el momento en que se efectuarán las distintas elecciones, ella se cumpla a rajatabla, sin excepciones y que se fije mucho tiempo antes de que aparezcan las necesidades coyunturales de un partido o de otro. Hay, por cierto, razones a favor de desdoblar o de unificar, válidas para ambas situaciones, aunque es cierto que la opinión pública en su mayoría se inclina por la unificación ya que observa en el desdoblamiento un exceso de gastos públicos que podrían evitarse. Además existen metodologías modernas como el voto electrónico o la boleta única por la cual el arrastre no se verifica o se verifica menos, con lo cual se puede votar a los candidatos de cada jurisdicción con relativa independencia.
Aún así, más allá de la cuestión de costos, sería posible, en la reconstrucción de un sistema institucional más sólido, que se separe en el tiempo el voto jurisdiccional, de modo incluso que un año se voten intendentes, otro gobernadores y otro presidente, ya que ello podría, bien implementado, ayudar a fortalecer el federalismo, entre otras ventajas. Lo ideal, en suma, sería que con previsibilidad y alejados de las fechas electorales, los representantes del pueblo eligieran el sistema electoral que mejor les pareciera en un acuerdo compartido. De ese modo las reglas de juego serían iguales para todos y se evitarían especulaciones que además de injustas, ocasionan pérdidas de un tiempo que se podría utilizar para discutir cosas mejores, más útiles.
Porque de eso se trata, precisamente, en una concepción ideal, el tiempo electoral. Aquel en que la democracia presenta a sus postulantes a representantes frente a sus representados, para que les propongan sus mejores ideas y las formas de convertirlas en realidades. Que las especulaciones electorales y la mera propaganda insustancial cedan el lugar a una verdadera “ágora” de polémicas y debates fructíferos que enriquezcan la calidad democrática en un país que tanto necesita fortalecer sus instituciones y la credibilidad popular en relación a ellas.
