Desdoblamiento electoral como especulación política

La reforma política que la mayoría de la dirigencia mendocina dice anhelar terminó el 2012 en cajones de despachos legislativos. Los partidos con representación parlamentaria habían acordado, en principio, debatir el paquete de propuestas en la Cámara de Diputados, pero la prioridad del Gobierno para el último mes del año que pasó se concentró en el Presupuesto 2013, sus proyectos complementarios y algunas otras iniciativas consideradas prioritarias por el Gobernador.

Por otra parte, la reforma política y electoral quedó siempre condicionada, como moneda de cambio, a la de la Constitución provincial, que desveló al oficialismo en su primer año de gestión pero que nunca pudo ser insertada por el oficialismo en la población, lógicamente interesada en sus problemas de todos los días. Es que la prioridad del oficialismo, la reforma de la Constitución, requiere de un tiempo de ejecución muy diferente al de la política. Aquélla necesita del consentimiento popular para ser viable; ésta, en cambio, sólo necesita un acuerdo entre partidos que se materialice por ley.

La mentada reforma política incluyó, entre sus aspectos salientes, el desdoblamiento de las elecciones provinciales de las nacionales. Esto significaba determinar un calendario electoral local propio independientemente del que fije el gobierno nacional.

Sin embargo, en los últimos días de 2012 desde el Poder Ejecutivo provincial se dejó trascender la posibilidad de que, sin esperar el debate legislativo del tema, sea el gobierno local el que fije por decreto una fecha diferenciada de la convocatoria para elegir este año diputados y senadores nacionales y concejales, con la clara intención de poner a los candidatos locales a resguardo de un eventual decaimiento de la imagen del gobierno nacional. El dilema debía resolverse en febrero, según los propios funcionarios consultados.

Posteriormente, también se supo que desde la Presidencia de la Nación se habría emitido una orden contraria reclamando que todos los gobernadores justicialistas convoquen a las urnas para cubrir cargos provinciales en coincidencia con el llamado que se haga desde el Ejecutivo nacional. En este caso se aduce que es el kirchnerismo nacional el que quiere ponerse a resguardo de su posible caída amparándose en la confiabilidad de sus hombres y mujeres de provincias. La supuesta orden presidencial obliga ahora al partido gobernante en la provincia a replantear su estrategia original.

Tanto de parte de las autoridades de Mendoza como desde la Nación, poca seriedad para abordar un asunto de gran importancia para la credibilidad en el sistema republicano.
Es justo destacar que no se trata de un problema sólo atinente a la actual administración de Mendoza. Más de un gobierno desde la recuperación de la democracia alguna vez especuló con la determinación del calendario local en base al termómetro político nacional. Por ello el escenario presente, de clara especulación tanto desde el justicialismo mendocino como desde los despachos de la Casa Rosada, habla una vez más muy mal de los métodos que se utilizan para ofrecerle a la ciudadanía opciones de calidad a la hora de votar.

La diferenciación de la fecha de elecciones provinciales sólo se justificaría si detrás de la decisión política para implementarlas existiese una clara intención de permitirles a los mendocinos evaluar gestiones locales y meditar su voto despojados de la influencia de políticas nacionales por lo general llamadas a vulnerar las autonomías provinciales.