En base a lo que indica la misma fuente, nuestra provincia se encuentra entre los 5 distritos del país cuyos representantes no consiguieron imponer ninguna nueva ley. Existe una aprobación inicial de la Cámara de Diputados a un proyecto relativo a la actividad turística impulsado por la diputada Mariana Juri, pero falta el visto bueno de la otra Cámara. Además de eso, sólo se produjo la aprobación de resoluciones o proyectos de comunicación que, salvo excepciones, de ninguna manera tienen la fuerza y la importancia de una ley.
Esta estadística se enmarca en una actividad parlamentaria muy relativa durante el año pasado ya que, de las 102 leyes sancionadas en total entre las dos cámaras, 76 por ciento de las mismas fueron impulsadas por el Poder Ejecutivo y 6 por ciento por legisladores aliados al kirchnerismo.
El dato resulta sumamente preocupante aunque no es una novedad que en nuestro país la actividad legislativa siempre se vea opacada por el protagonismo del poder político de turno.
La Constitución nacional es muy clara en cuanto a los roles que competen a los legisladores nacionales. Los senadores representan directamente a las provincias que los eligen, mientras que los diputados asumen la representatividad del pueblo de cada una de ellas y, por esa razón, la cantidad por distrito es proporcional a la población de cada Estado.
Lamentablemente, la chatura política que viene soportando la Argentina en los últimos años contribuye al desprestigio de su Poder Legislativo. En estos tiempos convive en los ámbitos del Congreso -junto a una minoría de legisladores capacitados aunque seguramente sub-utilizados- una mayoría de personajes de muy escaso vuelo que sólo responden, a modo de extraordinarios becarios, a las directivas de quienes ejercen el liderazgo en las distintas fuerzas partidarias. Si a esto le sumamos que la oposición, en general, atraviesa una de las peores crisis de capacidad y conducción que se recuerde, se llega a la conclusión de que lo poco que se produce en legislación tiene una lectura excluyente: el Ejecutivo maneja a discreción y a su conveniencia al Parlamento.
En todas las democracias serias del mundo por lo general compiten a nivel legislativo fuerzas protagónicas que condicen a su vez con la alternancia en la conducción del Estado.
Resulta lógico que desde su banca un legislador deba responder, si su criterio así lo estima, a las directivas y estrategias generales de su agrupación partidaria pero, al margen de ese aspecto, el diputado y el senador deben priorizar los intereses de sus mandantes, el pueblo y la provincia a la que representan por voluntad popular.
En la Argentina esto no se da por el creciente deterioro del sistema de partidos políticos, lo que contraría una premisa constitucional plasmada en el artículo 38 de la Carta Magna.
Este año las elecciones convocarán a la ciudadanía a renovar el Congreso nacional y también la Legislatura de cada provincia. Debería instruirse a la sociedad para que antes de emitir su voto coteje antecedentes políticos y personales de los distintos candidatos y evalúe sus propuestas.
