Ni bien el Ministerio de Transporte anunció la “actualización” del precio del boleto de colectivo a cuatro pesos el mínimo, las quejas se hicieron escuchar entre los usuarios del servicio, las organizaciones defensoras de consumidores y la Izquierda local.
Mientras, desde el Ejecutivo justificaron la medida: “El gobierno provincial realiza numerosos esfuerzos por prestar un servicio público eficaz, seguro y accesible para todos los usuarios mendocinos”.
Y argumentaron que tras evaluar “los costos presentados por los grupos empresarios prestadores del servicio” y “tomar en consideración los datos obtenidos en la última Audiencia Pública, desarrollada en noviembre”, se fijó la tarifa mínima en $ 4,00 a partir de las 5.00 del 3 de febrero. “La actualización de la tarifa permitirá hacer frente a los valores de distintos insumos”, apuntó el comunicado.
Voces en contra
Entre los usuarios el reclamo se volcó principalmente en las redes sociales. Además, quienes tuvieron la oportunidad de ser entrevistados por la prensa local, aprovecharon cuanto micrófono les acercaron para hacer oír su descontento.
En otros ámbitos, las voces de rechazo llegaron desde asociaciones protectoras de derechos del consumidor y desde la política.
“Venimos pidiendo a gritos que el Estado cada vez que tome una decisión con un servicio público tiene que tener transparencia gubernamental en la decisión y vemos que en esto del transporte público de pasajeros de Mendoza hay dos procesos judiciales relacionados con el aumento de la tarifa del transporte que se decretó en el 2014 en enero y ésta que hacen hoy en febrero de 2015”, se quejó José Luis Ramón, miembro de la ONG Protectora, en diálogo con Radio Mitre Mendoza.
“Los empresarios del transporte que concesionan en el servicio no asumen ningún riesgo; ellos ponen sus colectivos, salen a andar, recorren los kilómetros y pasan por la ventanilla a cobrar el valor del kilómetro que recorren sin importar los pasajeros que transportan”, disparó Ramón.
Ramón recordó que Protectora presentó en diciembre un pedido de nulidad de la audiencia pública en el Primer Juzgado de Gestión. “Todo aquello que tiene legalidad no significa que tenga legitimidad y creemos que hay serios elementos que nos permiten decir que ese aumento que pretende el gobernador de esta manera es ilegítimo”, cerró Ramón.
En tanto, Marta Rizzo, socia fundadora de la ONG Prodelco y titular de Defensa al Consumidor de Luján de Cuyo señaló que esta medida propulsada por el Ministerio de Transporte tomó por sorpresa a los consumidores y entidades.
“De un día para el otro no se puede aumentar el precio de un servicio tan sensible al bolsillo de la clase media. Estas medidas deberían anunciarse con tiempo así el consumidor toma los recaudos necesarios y administra su sueldo en base a los incrementos”, indicó.
Por su parte, para la senadora provincial Noelia Barbeito -del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT)- “es indignante que, mientras el gobernador aplica un nuevo tarifazo en el transporte y pide a los gremios que bajen sus pretensiones porque no hay plata para salarios, los funcionarios, legisladores y el mismo Pérez cobren un escandaloso aumento en sus dietas”.
