De la mano de la Asociación de productores del oasis Este de Mendoza (Aproem) y de la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan, ya ingresó en el Congreso Nacional un proyecto de ley que pretende crear una comisión nacional formadora de precios vitivinícolas, que permitiría semestralmente fijar los valores del vino, el mosto y de la uva en función de los costos de producción.
El proyecto promovido desde el Este provincial y desde San Juan tiene sus bases en una ley similar que fue aprobada en el año 2002 y que logró la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate. “El proyecto ya ingresó el 3 de julio por Cámara de Diputados. El diputado Pradines es quien lo presentó como autor, habiendo firmado también como coautores los diputados Alejandro Abraham, Guillermo Carmona (PJ Mendoza), Guillermo Durán Cornejo (Salta) y Eduardo Cáceres de San Juan”, comentó Gabriela Lizana de Aproem.
La productora del Este sostuvo que tras la desregulación de los mercados en los ‘90 el poder coercitivo del Estado pasó al poder económico de las empresas, que conformando oligopolios y oligopsonios, son quienes fijan precios y además imponen políticas destinadas a acentuar el proceso de acumulación de riqueza hacia estos mismos sectores, maximizando sus ganancias en detrimento de otros eslabones de la cadena comercial.
“Esta posición dominante se da no sólo respecto a las bodegas en relación a los productores, sino también entre las bodegas trasladistas y los fraccionadores, y entre los fraccionadores y los hipermercados y supermercados”, indica Lizana.
Así las cosas, el proyecto prevé la creación de una comisión con fuerte representación de productores vitivinícolas de todas las provincias para calcular costos de producción de uva y costos de elaboración de vino para después considerar lo que sería una “renta justa”, así se lograría colocar un precio mínimo desde la base de la cadena, integrando todos los eslabones vitivinícolas.
“Con esto llegamos a un precio mínimo que garantiza no sólo la sustentabilidad del productor primario y elaborador, sino también la viabilidad de la industria tal cual fue pensada. Esto es así por lo siguiente: si nosotros nos permitimos caer en esta tremenda baja de precios, algunos productores serán expulsados de la producción, generando un costo social terrible, perdiéndose, como ya sucedió, muchas hectáreas de viñas y muchísima mano de obra y trabajo genuino, con el consiguiente impacto económico y comercial para las zonas que dependen de la producción”, señaló la dirigente.
Y agregó: “Para que los productores logren quedarse en el marco de la producción hoy propuesto, se les hace imprescindible aumentar la producción por hectárea para subsistir por los bajísimos precios que se pagan. Entonces, esto nos hace caer en un callejón sin salida porque se generarán excedentes, ya que se deberá cambiar el objetivo de uvas de calidad por el de producir cantidad que permita mantenerse en el negocio. Esto también traerá costos económicos”, indicó Lizana.
Por su parte, Juan José Ramos, presidente de la Asociación de Viñateros y Fruticultores Independientes de San Juan, aseguró que han acompañado la propuesta presentada por los legisladores porque consideran que responde a las necesidades de los viñateros y que podría darles una solución frente a los bajos precios que registra la actividad.
“El proyecto está muy difundido en San Juan y hemos hablado con varios legisladores para que lo aprueben. Además, también hemos solicitado una entrevista con el gobernador Gioja con el fin de entregarle el proyecto que ya está presentado en el Congreso para que él también nos ayude”, dijo Ramos.
