El gobernador, Alfredo Cornejo, tendrá que esperar unos días para tener una nueva ley de Seguridad Vial, proyecto que incorpora varios requisitos al tránsito mendocino.
El más destacado es que, en un año, los 18 departamentos tendrán que tener su propio cuerpo municipal de tránsito y juzgados viales. Es decir, los municipios harán y cobrarán las multas.
Pero también hay otros capítulos, resistidos por la oposición. Uno de ellos es que, de aprobarse este cambio, cualquier empleado o funcionario estatal que cometa una infracción y no la pague, su empleador (el Estado) procederá a debitarle el importe en cuestión de sus haberes como una “medida ejemplificadora hacia la ciudadanía”.
Una disposición similar se conoció hace unos días, a partir del decreto que sanciona a los empleados que tengan deudas impositivas con el Estado provincial (automotor e inmobiliario).
En total, hay 140 artículos que volverán a ser debatidos. Ayer la Cámara de Diputados trató el proyecto y le dio la segunda sanción. Pero, en lugar de ser ley, el texto deberá volver al Senado, en donde revisarán los cambios introducidos en las últimas reuniones.
Las últimas modificaciones apuntan a dar más tiempo y algo de dinero extra a las comunas para que creen su estructura vial. Algo de esto es lo que reclamó la oposición, que aceptó la idea de cambiar una ley que, desde 1993, ha sido modificada 29 veces.
Cornejo se sumó a “los reformadores” de la ley 6.082 de Tránsito y Transporte y envió el último día de mayo, es decir hace medio año, su proyecto. Pero desde entonces, el texto ha sido criticado por el hecho de que se asigna una nueva tarea a los municipios sin los recursos correspondientes.
Si bien el Ejecutivo sostiene que los nuevos policías y jueces municipales se pagarán con lo que recaude el municipio en concepto de multas, muchos legisladores (entre ellos ex intendentes), criticaron el hecho de que no se puede llevar a cabo esta política sin dinero.
Este punto tensó el debate todos estos meses, convirtiendo al proyecto en uno de los más trabados en lo que va del año. Tan trabado que se pospuso la discusión hasta después de las elecciones.
Los tres ganchos
El Ejecutivo accedió ayer a tres modificaciones que no bastaron para la oposición, aunque sumaron algunos votos justicialistas.
El más interesante para los intendentes es que por un año cobrarán el 25% de las multas que la Policía Vial provincial haga en los respectivos municipios. A esto se sumarán las multas que realicen los policías viales de cada comuna.
En segundo lugar, todos los departamentos tendrán un año para implementar el nuevo sistema. En la redacción original se establecían escalas teniendo en cuenta que algunos municipios ya cuentan con su policía vial (Capital, Godoy Cruz, Luján, Maipú y San Martín) o bien tienen cuerpos de preventores (Guaymallén y Las Heras), mientras otros no tienen nada.
Por último, aquellas comunas que consideren que tienen un territorio amplio por cubrir, podrán suscribir un convenio para que la Policía de Mendoza se haga cargo de controlar aquellas zonas que se alejen por lo menos 25 kilómetros de las villas cabeceras.
El proyecto original plantea también que las multas podrán ser pagadas con tarjeta de crédito y en cuotas. Habilita la notificación electrónica vía mail o redes sociales.
Se introducen además nuevas sanciones además de las multas: la inhabilitación y el trabajo comunitario.
“Aparece como una sanción la inhabilitación con distintas escalas para los que reincidan. En el caso de que quieran volver a conducir, van a tener que hacer un curso como si fuera la primera vez que van a tramitarla”, explicó Leonardo Yapur, director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial.
“Además de la multa el juez vial podrá enviar al sancionado a realizar tareas a alguna asociación, dependencia del Estado y por eso no percibirá sueldo ni remuneración sino que lo hará brindando un servicio a la comunidad”, agregó.
Sorpresas en el PJ y la UCR
Más allá de los cambios, el debate de ayer estuvo reñido y hubo altas y bajas de última hora. Por el lado del PJ, el bloque se partió y algunos acompañaron el proyecto de Cornejo, en función de que dos intendentes justicialistas dieron el visto bueno. Estos fueron Jorge Giménez, de San Martín, y Martín Aveiro, de Tunuyán.
En cambio, Emir Félix, de San Rafael, y Roberto Righi, de Lavalle, se opusieron a la idea de que tendrán que hacerse cargo, en un año, de controlar el tránsito en sus límites.
La sorpresa en cuanto a la votación también estuvo en el bloque oficialista: el diputado y ex intendente de Rivadavia Ricardo Mansur se abstuvo de votar por considerar que la ley es de difícil aplicación sin los recursos necesarios. Esto a pesar de que el actual intendente del departamento del Este, Miguel Ronco, está de acuerdo con el proyecto.
Los números quedaron en 33 votos afirmativos, 13 negativos, 1 abstención y un ausente.
