Todos saben lo que viene, pero nadie está seguro de cómo se aplicará. Los trabajadores privados de Cuba enfrentan a partir de mañana nuevas regulaciones que, según expertos, pueden frenar su trabajo.
El gobierno ha tratado de explicarlas por varias vías, pero aún hay mucho desconcierto y recelo, poco después de que concluyera el debate popular del proyecto de una nueva Constitución, que reconoce por primera vez la pequeña empresa privada y el papel del mercado.
"Limitan mucho la actividad por cuenta propia, mucho mucho (...) un golpe demoledor, creo yo, para una enorme cantidad de personas", declaró el abogado Julio Antonio Fernández.
El problema afecta a casi 592.000 trabajadores por cuenta propia (TCP), el 13% de los ocupados, de cuyos ingresos dependen al menos un millón y medio de personas, en una población de 11,2 millones.
La aplicación de las medidas se produce en momentos de estrechez económica, cuando el crecimiento no parece superar el 1,1% y el Estado se muestra principalmente interesado en atraer inversión extranjera.
"Vemos que el presidente (Miguel) Díaz-Canel va a seguir con una senda de transformaciones graduales, pero que en esencia no tocará la columna vertebral del sistema centralizado y el monopolio de la empresa estatal", dijo el economista cubano Pavel Vidal, de la Universidad Javeriana de Colombia.
Son 20 normas jurídicas publicadas en la Gaceta Oficial el 10 de julio para entrar en vigor 150 días después, el 7 de diciembre.
El "paquetazo" causó tanta confusión y desasosiego, que Auge, una consultora privada de negocios, tuvo que hacer un resumen para ayudar a sus clientes a digerirlo.
Las normativas introducen cambios para un mayor control y organización del trabajo privado, tocan los impuestos, la contratación de fuerza de trabajo, limitan el alcance de cada actividad (123 en total) y fijan nuevas contravenciones.
Lo mas significativo: se limita a una licencia por persona y se fija la obligatoriedad de tener una cuenta bancaria fiscal. Por ejemplo, dos negocios de un mismo giro (restaurante y cafetería), no pueden compartir un inmueble.
Las medidas buscan evitar la evasión fiscal e impedir el enriquecimiento personal, pero aumentan los requisitos burocráticos.
