La descentralización de la salud es quizás una de las mejores herramientas para alcanzar a todos los ciudadanos en el menor tiempo posible y se instrumentó a los efectos de obtener un mejor rendimiento en el impacto, la eficiencia y la accesibilidad de los servicios de salud a toda la población.
La descentralización implica al menos dos interpretaciones que corren de la mano: transferencia de la responsabilidad desde el nivel central hacia los niveles locales y la correcta diferenciación con la delegación y la desconcentración. Va de suyo que la descentralización puede abarcar los conceptos de delegación y desconcentración e, inclusive, ambas pueden constituir etapas de la descentralización.
A los efectos de no extendernos en demasía podemos decir que la desconcentración es un acto administrativo de transferencia de facultades, recursos y programas y la delegación es también un acto administrativo donde lo que se transfiere son determinadas facultades.
En cambio, la descentralización es un acto político jurídico y administrativo mediante el cual se transfieren niveles de decisiones, funciones, facultades, programas y recursos a un ente de derecho público de otra jerarquía.
Por otra parte, la centralización implica que la autoridad que rige el Estado monopoliza, junto con el cuidado del bien público en todos los lugares y en todos los aspectos, el poder de mando y el ejercicio de las funciones que caracterizan a la potestad pública. Como en nuestro país es muy frecuente que cada argentino tenga su “librito” es fácticamente posible oscilar entre la centralización en épocas de “crisis” u otros argumentos pueriles y la descentralización cuando se quiere transferir problemas o desentenderse de las obligaciones del Estado.
Entendido de esta forma, la descentralización pasa a transformarse en el instrumento adecuado para determinar un sistema local de salud equitativo, eficiente y eficaz.
La aparición de la descentralización coincidió con la respuesta a las necesidades de redistribución de poder político y económico, como garantía y predominio de intereses locales en la decisión pública. La descentralización se proclama como una oposición al centralismo autoritario y debe ser tomada como un valor democrático.
La descentralización, sin lugar a dudas, no es la respuesta a casi todos los males del sector público, tiene amenazas y brinda oportunidades que se atenúan o potencian cuando el nivel central asume el verdadero papel de conductor y formulador de políticas, y de apoyo técnico a los niveles operativos.
Los argumentos remitidos por el gobernador Cornejo a la Legislatura para suspender la descentralización a los hospitales Central, Notti, Lagomaggiore y Schestakow son insustanciales, anodinos, no resisten el menor análisis e implican un retroceso en el desarrollo histórico de los mismos.
¿Qué pasaría si con argumentos parecidos, el día de mañana un iluminado pretendiera “centralizar” la Legislatura, el Poder Judicial u otros organismos descentralizados, por la torpeza de las acciones de sus integrantes?
Funcionarios mediocres y genuflexos que aceptan, sin analizar u opinar, cualquier iniciativa de un superior y los que aceptan funciones sin estar capacitados para la gestión estratégica, existieron, existen y existirán en la función pública; ellos son los responsables del desmanejo, los errores y el estado actual de los hospitales y no el instrumento, o sea, la descentralización. Aparte, ¿quién garantiza que no pase lo mismo con la centralización? Sería catastrófico para todos los mendocinos que la garantía fueran funcionarios del propio Estado.
* Magister en Gestión de Organizaciones Públicas. Adm. Sanitaria.
