La semana que pasó ha sido intensa para el Ejecutivo provincial en cuanto a anuncios en materia de seguridad. Por el momento, descartan hacer más movimientos en las "segundas y terceras líneas del Ministerio de Seguridad", tal como se había dicho esta semana, y vinculan la salida de Emilio Caram a cuestiones estrictamente electorales por su candidatura a concejal de Godoy Cruz y no a un intento de oxigenación de esa cartera.
El subsecretario de Seguridad presentó su renuncia el miércoles pasado, horas después de que el gobernador Francisco Pérez dejara entrever posibles movimientos en esa cartera.
La dimisión se dio en medio de otros anuncios que el Gobierno realizó en la semana, entre los que sobresalen el traspaso de 170 efectivos de la Policía Científica a la figura de la Policía Judicial y la presentación que se hizo el jueves ante la Cámara de Diputados de dos proyectos de ley para fusionar las competencias los juzgados correccionales con el de garantías y el de flagrancia.
Ante estos movimientos, ayer, tanto el Gobernador como el ministro de Seguridad, Carlos Aranda, defendieron que los cambios "no responden a un hecho puntual", haciendo referencia a los asesinatos de Sebastián Prado y Marcos Derpich, dos hechos que conmocionaron a la opinión pública.
A su vez, señalaron que no habrá más movimientos "por el momento" y que aún no está definido el quién será del posible remplazo de Caram."Vamos a reunirnos con el Gobernador para ver los nombres", se limitó a decir Aranda en relación al tema y disipó otras lecturas: "Los cambios que se producen son a partir de decisiones personales, no hay ningún tipo de especulación".
En este sentido, volvieron a defender la idea que el alejamiento del ex Subsecretario de Seguridad responde a que el lunes comienza su campaña en Godoy Cruz como candidato a concejal.
Las declaraciones se hicieron ayer durante la inauguración de un laboratorio para el Cuerpo Médico Forense, en donde asistieron el procurador general de la Suprema Corte, Rodolfo González, el presidente de la Corte provincial, Pedro Llorente y funcionarios de Pérez. Según explicaron, el laboratorio funcionará a nivel regional y le permitirá a la Justicia avanzar en las investigaciones.
