Las protestas sociales, con despliegues en la calles, interrumpiendo el tránsito para generar atención pero violando el derecho de circulación del resto de los ciudadanos fue una modalidad que aplicaron los desempleados en la crisis de 2001. Así nacieron los grupos piqueteros, que suman a personas que no tiene trabajo (la mayoría cobra planes sociales) y se diferencian de los sindicatos, que agrupan a los trabajadores que tiene empleo.
Estas organizaciones fueron generando nuevos y desconocidos liderazgos, muchos de los cuales luego aprovecharon para hacer negocios políticos. Algunos venían de la militancia en organizaciones de izquierda y usaron la situación para tomar lugares de poder. Tanto que muchos han conseguido administrar los subsidios sociales y los usan para movilizar personas. Un manifestante dijo hace días “yo trabajo de esto”.
La práctica de interrumpir el tránsito fue tolerada durante la administración kirchnerista bajo el argumento de “no reprimir la protesta social”, pero se olvidaron la queja de los perjudicados. Estos damnificados también se quejaban y, en volumen, representaban una protesta social mucho más numerosa, pero sin causar daño.
Desde que asumió el gobierno de Macri, además de transferir la Policía Federal a la Ciudad, se aplicó una política de menos tolerancia, donde también se recurrió a la participación de Gendarmería. La decisión fue la de hacer respetar los espacios públicos como espacios comunes que no pueden ser invadidos por ningún grupo. Lo mismo ocurrió en Mendoza donde se avanzó en un Código Contravencional pero, además, se han hecho denuncias penales a quienes ocupan el espacio público sin autorización.
En las últimas semanas quedó evidenciado que muchos de estos movimientos están manejados por grupos políticos violentos que volvieron a tomar las calles, con una logística impresionante a un costo increíble para quienes van a pedir por el hambre. En el medio salieron consignas como la de una reforma agraria y la idea de expropiar 50.000 parcelas agrarias para repartirlas. Esta idea, que es una antigüedad, es encarnada por personas que ni siquiera cobran en forma directa los beneficios que otorga el Estado sino que son “empleados” de quienes los conducen. El estado está financiando, peligrosamente, a grupos violentos que proponen ideas que violan los principios básicos de nuestra Constitución, como el derecho de propiedad.
También aprovechó una legisladora del kirchnerismo para proponer expropiar viviendas desocupadas en Buenos aires para dáselas a gente sin techo. Llegaron a tal punto que relevaron las viviendas desocupadas y las marcaron, con los cual se supone van a estimular la usurpación de inmuebles en forma masiva. Lo grave es que lo hacen diciéndose parte del Frente de Todos, mientras el candidato no se ha pronunciado. Por las dudas, los dirigentes violentos advirtieron que estas quejas no solo son para Macri sino una advertencia para el futuro gobierno, que suponen encabezará Alberto Fernández.
También hubo una reacción violenta de un grupo de piqueteros en Puerto Iguazú, que habían obstruido la ruta de acceso al aeropuerto, hacia grupos de turistas que querían llegar caminando a tomar su avión y fueron agredidos y golpeados por los manifestantes.
En Mendoza, hubo una manifestación de organizaciones de izquierda para protestar por incidentes entre docentes y operarios de YPF en Chubut. Allí, los docentes habían bloqueado el ingreso al trabajo a los petroleros y estos reaccionaron violentamente.
En síntesis, hay un desborde de violencia ante reclamos que pueden ser legítimos pero violando todas las normas de convivencia y un aprovechamiento político de grupos de dirigentes que usan los conflictos para potenciar su presencia y su poder de presión.
