Es posible que el régimen kirchnerista sea uno de los más unitarios de la historia argentina y el que más desconozca que las provincias son preexistentes a la Nación. Hemos dicho más de una vez en esta columna editorial que desde la sanción de la Constitución Nacional en 1853, nunca ha habido un gobierno nacional que haya centralizado más el poder y los recursos financieros que los Kirchner desde 2003 en adelante.
También dijimos que ha convertido a la mayoría de los gobernadores en meros delegados del Poder Ejecutivo Nacional, y ahora va camino a casi prescindir de ellos, al menos de los que ofrezcan alguna resistencia a sus deseos, institucionalizando una relación directa entre el poder central y los intendentes. Pareciera que el futuro institucional que algunos desean sea una confederación nacional de municipios.
El decreto citado más arriba fue sancionado el 27 de diciembre, es decir pocas horas después que se produjeran los saqueos y desmanes en numerosas ciudades y pueblos del país. Así lo expresan los considerandos al reconocer la urgencia de “establecer políticas y acciones de Estado que permitan fortalecer los niveles subnacionales de mayor descentralización”.
Señala que “es dable destacar que ante la falta de una rápida respuesta a los requerimientos presupuestarios...” y finaliza destacando “que la naturaleza excepcional de la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes”. En consecuencia se dicta el Decreto de Necesidad y Urgencia.
Al leer estas expresiones farragosas y crípticas cabe preguntarse a quién se alude cuando se habla de la falta de “rápida respuesta”, aunque es de imaginar que se refiere a los gobiernos provinciales. Pero son las provincias a las cuales el Gobierno nacional viene sometiendo desde hace años a un severo ajuste, que él no hace. Recordemos que hemos llegado a la situación extrema de que sólo una cuarta parte de los recursos tributarios nacionales se distribuyen en forma automática a las provincias.
La parte dispositiva del decreto también es un modelo del régimen unitario imperante, en su artículo 3º dice: “Facúltase a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a través de la Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa, a otorgar a los gobiernos municipales ayuda financiera para la ejecución de los gastos correspondientes a las prestaciones de dichas jurisdicciones”. La Resolución 13 de la Jefatura de Gabinete repite los considerandos del decreto y aprueba el procedimiento burocrático que deben seguir los intendentes para solicitar la asistencia financiera.
De lo que se trata con estas gravísimas modificaciones legales es del uso discrecional de los fondos públicos con una finalidad electoral excluyente, pero produciendo una desfiguración institucional deliberada. Lo que se está haciendo, dando dinero directamente a los intendentes, es una situación que viene de lejos, no es nueva. Hace años que algunos municipios, protegidos por funcionarios nacionales, gozan de un presupuesto paralelo y como se trata de recursos extraordinarios el control de su uso es aún más débil y oscuro que lo normal.
Sorprende que los gobernadores de provincia nada digan de este desconocimiento de sus atribuciones y facultades y causa tristeza moral las expresiones de algunos intendentes tales como: “todo lo que sea plata es bueno”, o “no lo he leído (al decreto) pero me parece buenísimo. Todo sirve”. Claro está que no preguntan quiénes ponen la plata y tampoco cómo se usa. Esos no son asuntos de los “estadistas municipales”, su tarea es aportar votos.
