Con una cómoda mayoría, el oficialismo obtuvo el aval legislativo para decretar la desaparición de la Empresa Provincial de Transporte Mendoza (EPTM) y su reformulación en una sociedad anónima.
Ahora la tarea será definir el destino de casi 300 trabajadores que no continuarán en la nueva empresa que se creó, aunque desde el Gobierno aseguran que ya están en el tema.
Uno de los principales argumentos para modificar la EPTM era el déficit que generaba una estructura de 475 empleados para 45 unidades.
Según los números de la UCR, la mayoría de los $ 15 millones que ingresan por mes igualaba al pago de sueldos y prestaciones sociales, cosa que últimamente pagaba la provincia.
La nueva Sociedad de Transporte de Mendoza (STM) requerirá de 180 empleados. Como será una sociedad anónima unipersonal, cambiará la contratación y por ello los elegidos por el directorio ya no serán empleados públicos sino privados.
El destino de los restantes 295 trabajadores fue uno de los principales temores de la oposición y, claramente, de los sindicatos. Como respuesta, el Ejecutivo esgrimió una y otra vez que nadie quedaría en la calle y puso de forma explícita el compromiso en la ley.
Sergio Marinelli, subsecretario de Servicio Públicos, explicó a Los Andes que estudiaban la posibilidad de un subsidio nacional para mantener el Metrotranvía y que quienes en efecto manejan los troles muy probablemente seguirían en sus puestos.
“Los que en realidad hay que reubicar son los que están de más, los que no tienen una función específica”, diferenció.
En cuanto a los que no quedarán en la STM, el Ministerio de Gobierno emitió un formulario que se reenvió a las reparticiones públicas. Ellas lo llenaron con los perfiles de personas que necesitan y se concretará una entrevista con posibles candidatos. De ser necesario, también se los capacitará.
Además de STM y el Estado, otra opción es la jubilación anticipada con un adicional para gente que “a lo mejor está a dos o tres años” de edad del retiro y que “ya tienen los años de aporte más que cumplidos”. Aunque Marinelli aclaró una vez más: “Es decisión de cada uno”.
Siguiendo la versión oficial, si el empleado no quiere ninguna de esas opciones puede irse. Aunque por si acaso y con la idea de evitar despidos, la ley estipula una doble indemnización para los primeros meses de la sociedad anónima.
Un debate con chispas
Pocos dudaban del triunfo oficialista de ayer, pero varios hablaron en contra con el fondo de cánticos y bombos que venían del exterior. Eso fue después de que el miembro informante Jorge Teves (UCR) justificara la “profunda transformación” sobre una empresa “deficitaria e ineficiente que al final no le sirve a nadie”.
Víctor Da Vila (Partido Obrero) se preguntó por la doble indemnización prometida a los trabajadores que fueran despedidos: “¿Cómo el Gobierno lo va a hacer si quiere echar a más empleados?”.
Del mismo frente, Noelia Barbeito llamó la atención sobre las vallas que rodeaban la Legislatura y calificó de “terrible” la posibilidad de vender la hoy empresa estatal.
De los siete justicialistas que hablaron, uno de los más duros fue Luis Bohm, para quien la transformación “huele a negociado y a privilegio”.
En ese sentido, recordó sospechas de transferencia de fondos para financiar campañas electorales y afirmó que “esto es el mundo del revés: se quiere procesar a los manifestantes que protestan contra un robo a mano armada al Estado”.
La sorpresa la dio Ernesto Mancinelli de Libres del Sur, habitual aliado de la UCR. Tras decir que concordaba con “algunas buenas intenciones que tiene el proyecto” y ponerse a disposición para controlar “que nadie se quede sin trabajo”, se abstuvo de votar.
Eso despertó el enojo de Gustavo Correa, secretario general de la CTA, que criticó a “los pseudo progresistas como el senador Mancinelli, que le termina siendo funcional a la lógica de ajuste”.
La votación quedó en 20 votos a favor, 16 en contra, 1 abstención y 1 ausente (la peronista Patricia Fadel, por motivos familiares).
Un operativo con casi 100 policías
El Ministerio de Seguridad dispuso desde el lunes vallas sobre calle Patricias Mendocinas y parte de la Peatonal para mantener alejados a los manifestantes.
Sólo se podía entrar por la esquina de calle Espejo y a los trabajadores y grupos de izquierda no les quedó más remedio que protestar sobre la vereda de la Plaza Independencia.
Eran en total 96 policías, incluyendo una partida para custodiar la EPTM después de la toma de la semana pasada. Justamente, esa toma y la protesta frente a la Legislatura (que incluyó piedras, fuego y gases) fueron los argumentos para el gran operativo.
Néstor Majul, subsecretario de Relaciones Institucionales, justificó la medida: “Nosotros apostamos a que las manifestaciones tengan un grado de racionalidad y la verdad que el miércoles pasado en algún momento se descontroló. La idea no es provocar sino garantizar la seguridad a la gente que transita y a los propios manifestantes”.
En cuanto a la situación en la empresa, Majul afirmó que “la mayoría del personal” estaba trabajando y que se los dejaba “entrar y salir sin ningún problema”. Sin embargo, el senador Davila denunció “aprietes” a los trabajadores.
