Magna Inversiones, RPBC Gas, Central Puerto y Federico Tomasevich componen la sociedad que el 23 de julio había hecho una oferta para quedarse con el 51% de Distribuidora de Gas Cuyana. Pero la falta de acuerdo entre Argentina y los holdouts ante la Justicia estadounidense, que derivó en un virtual default para el Estado Nacional, parece haber cambiado las cosas, a juzgar por un informe de auditoría que advierte no haber tenido en cuenta el efecto del nuevo escenario financiero internacional para el país.
“Teniendo en cuenta que la opinión independiente se refirió a la OPA (Oferta Pública de Acciones) realizada el 23 de julio, antes de conocerse el desenlace del juicio iniciado por los tenedores de bonos conocidos como holdouts, que no participaron del canje de deuda argentina, no se tuvo en cuenta en las proyecciones las probables alternativas de no llegar a una solución antes del presente informe”, detalla un escrito de Fénix Partners Investment Banking, contratada por el directorio de Cuyana, comunicado a la CNV (Comisión Nacional de Valores).
Además, el análisis da cuenta de que la oferta formulada es sobre la base de una cotización por acción entre 15% y 17% inferior al valor de mercado de Ecogas. En concreto, una brecha entre $ 2,40 y $ 2,10, y del 49% por debajo del promedio histórico considerado, de $ 4,16.
Así, el directorio de la compañía tomó como referencia el informe firmado por Esteban Olivera y María Eugenia Laspeñas, directivos de Fénix, para pronunciarse ayer acerca de la "razonabilidad de la oferta" comunicada a la CNV el 23 de julio, y emitir una recomendación técnica "acerca de su aceptación y rechazo".
Según explicó Alberto Mateu, gerente comercial de la compañía, “lo concreto que hay que tomar en cuenta es que de acuerdo a lo previsto en la Ley de Mercado de Capitales, la normativa de la CNV, corresponde al directorio de la sociedad brindar una opinión y efectuar una recomendación técnica sobre su aceptación o rechazo. Dicho informe considera no razonable el precio ofertado y recomienda rechazar la oferta por considerarla inferior al valor patrimonial de las acciones al 30 de junio de 2014”. Evalúa a los $ 2,40 por unidad como “razonable, porque soporta el valor del flujo de fondos descontados de la Sociedad”.
Si bien no lo considera una traba para la transacción, Mateu admite que el criterio de una cotización diferente de las acciones para la oferta “puede modificar la cuota a transferir, porque en definitiva corresponde a cada accionista decidir por su parte”.
¿Y el impacto post-default y desacuerdo con los holdouts? Las partes asumen que el compromiso de compra existe aún luego del fallo del juez Griesa. “Hay cautela frente a un escenario que aún no es muy diferente ni demasiado preocupante. Se desconocen los coletazos finales de la situación como para saber si habrá una alteración de las condiciones de la negociación”, advierten.
A fuego lento
Lo cierto es que el resultado de la negociación encarada por los actuales socios privados, la alemana E.ON y la italiana ENI (Ente Nazionali Idrocarburi), que en conjunto detentan el 60% de las acciones, y los pretendidos adquirentes (Magna Inversiones, RPBC Gas, Central Puerto y Federico Tomasevich), está sujeto al visto bueno de Enargas y la CNV.
Al respecto, el ente regulador mantiene la operación bajo análisis y hasta el momento no emitió su aval todavía, con lo cual la “conclusión y efectiva implementación de la compra venta de la acciones” puede demorar, estimativamente (y de no mediar cambios), entre 1 y 2 meses con la palabra final de la Comisión de Valores, el organismo que controla las operaciones entre sociedades que cotizan en la Bolsa.
Tarifa: unas 100 mil facturas, atrasadas por el recálculo
El retraso empezó a originarse en medio de la medida cautelar que pretendía frenar los 3 aumentos sucesivos de tarifa concedidos por la Secretaría de Energía a Ecogas, entre el 1 de abril y el 1 de agosto. Como la Justicia Federal falló a favor del pedido, la empresa se vio obligada a refacturar montos con sólo el primer ajuste, pero al 20 de junio ya había emitido un lote importante.
Ahora, las demoras en la recepción de las facturas motivan muchas quejas de los usuarios. Aproximadamente, 1/3 de las de casi 350 mil cuentas debieron recalcularse y por lo tanto aún no se distribuyeron. Corresponden a los consumos del último bimestre y mantienen las líneas telefónicas de Ecogas y el Enargas al rojo vivo.
Protectora, la ONG que motorizó el amparo ante la Justicia, llevará al menos 25 casos de reclamos por facturación “en exceso” por tratarse, como lo explica el abogado José Ramón, de “un promedio muy raro entre el primer aumento (al 1 de abril) y el segundo (1 de junio)”.
Desde Ecogas remarcaron que el sistema de facturación está adaptándose a lo dispuesto por la jueza Arrabal y que las facturas nuevas “deberán salir, no sabemos a qué ritmo y en qué régimen”.
Asimismo, la ONG sustanciará reclamos de usuarios que pidieron ser exceptuados de los aumentos sin éxito. Los que sí se canalizan, como expusieron en Protectora, son los consumos menores (segmentos R1 Y R2), pero queda afuera el grueso de la demanda (R34)
