Una serie de notas publicadas en diarios locales me llevan a reflexionar sobre el camino transitado y el futuro de Mendoza. La sociedad reclama cambios en la manera de administrar la provincia, que no es ni más ni menos que superar la “inercia en la forma de gestionar el territorio”.
Este es el principal problema manifestado por los mendocinos durante el proceso de ordenamiento territorial que se inicia en el año 2006 y que a la fecha no logra concretarse debido a la existencia de poderes e intereses políticos y económicos contrapuestos y la escasa participación que ha tenido en los últimos tiempos el sector de ciencia y técnica.
Lo cierto es que debe haber una verdadera voluntad política para hacerlo, y se ha demostrado que esto no ha sucedido.
En consecuencia, los problemas se han agudizado, la expansión urbana sigue avanzando sobre tierras agrícolas o hacia zonas peligrosas, la población migra hacia centros urbanos en busca de trabajo y servicios que no se prestan en las tierras no irrigadas y la concentración en el área metropolitana generan congestionamiento vehicular, colapso en la prestación de servicios educativos y de salud, como también en el tendido de redes cloacales, gas y agua.
Se sigue gestionando mal el territorio, se aprueban loteos sin respetar las normativas vigentes, no se controla el accionar de los privados sobre lo público y tampoco se planifica.
La gestión focaliza la atención en el área metropolitana en la realización de obras incluidas en proyectos de “ciudad sustentable”, “ciudad inteligente”, “ciudad amigable”, financiadas por el BID o el BM, entre otros, recetas promovidas por consultores europeos y norteamericanos aplicadas en algunas ciudades latinoamericanas que en apariencia son exitosas pero que no han logrado superar la problemática territorial en toda su dimensión.
Debe haber un cambio en la gestión. La administración sectorial y verticalista de las políticas públicas que sigue existiendo en Mendoza, Argentina y el resto de los países de América Latina debe introducir modificaciones en su forma de funcionamiento, reconociendo las competencias propias del Ambiente y el Territorio que no son sectoriales sino transversales a toda la gestión.
Si esto no se logra, no se podrán operar los cambios que la Ley de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo de la Provincia de Mendoza (Ley 8.051/09) promueve y que los mendocinos deseamos desde hace mucho tiempo.
El Proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial elaborado por especialistas de la UNCuyo – Conicet en el marco del convenio entre el Gobierno de Mendoza, la UN Cuyo y el CCT, Conicet Mendoza, y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica (ANPCyT) del MINCyT, presentado a la Legislatura en julio del año 2014, apunta a modificar la forma de funcionamiento de la estructura administrativa por una forma de funcionamiento sistémico, coordinando acciones interinstitucionales e interministeriales a través de instrumentos tales como: planes de acción anual por resultados, elaboración de indicadores de gestión, convenios interjurisdiccionales, homogeneidad procedimental para la elaboración de reglamentos y planes municipales de Ordenamiento Territorial, entre otros.
Esta forma de funcionamiento sistémico se sustenta en la necesidad de coordinar las políticas públicas y, para ello, define 12 programas estructurantes en los que identifica los distintos ministerios, organismos e instituciones que deben participar, los procedimientos e instrumentos para su ejecución, evaluación y control, y el cronograma de acciones a cumplir a corto, mediano y largo plazos.
Se presta especial atención a la gestión integrada tanto del Área Metropolitana como la del Agua y el Territorio. Se plantean acciones tendientes a la integración provincial, el desarrollo económico y energético, la conectividad y accesibilidad, el fortalecimiento de asentamientos humanos que articulen las redes de infraestructuras, equipamientos y servicios básicos a nivel departamental y la creación de polos de desarrollo fuera de los oasis.
Algunos programas proponen políticas para la atención de áreas prioritarias de intervención socio-territorial, otros se vinculan a la atención integral del hábitat, lo que involucra la seguridad jurídica en la tenencia de una vivienda como también el derecho a acceder a un lugar seguro y a las infraestructuras básicas y equipamientos sociales (educación, salud, esparcimiento, otros); la mitigación de riesgos ante amenazas naturales y antrópicas y la conservación de la biodiversidad.
La mejora en la gestión del territorio en todos estos aspectos, brinda la posibilidad de ordenar y hacer más eficiente el presupuesto provincial. La coordinación institucional propuesta en el proyecto de Plan mencionado permite definir funciones a cumplir por cada ministerio anualmente en forma articulada con el resto de los ministerios.
Un apartado especial amerita la necesidad de que la recaudación por impuestos provinciales y tasas municipales sea más efectiva, porque no basta con informatizar los procedimientos de expedientes para intercambiar información entre Dirección de Rentas y Dirección de Catastro, actual ATM y los municipios, sino que hay que mejorar el proceso de producción de la información cartográfica catastral, para ajustar el cálculo del avalúo fiscal y lograr mayor equidad (art.31, Ley 8.051/09).
Este tema es clave para mejorar el manejo de fondos públicos y regular el mercado inmobiliario al estar estrechamente relacionado con la forma en la que Catastro determina si un inmueble es urbano, suburbano o rural para el avalúo fiscal; la correspondencia o no de estos criterios con los de zonificación municipal y pago de tasas municipales; la delimitación municipal del continuo urbano, las áreas de transición urbano-rural y lo rural porque de estos límites dependen los valores del suelo y cuanto se debe tributar al Estado, como también con la plusvalía que puede retornar en compensación por la construcción de obras públicas y el aumento del valor del suelo.
La sociedad reclama cambios en la gestión gubernamental, salir de la inercia que ha llevado a generar conflictos por la competencia de usos del suelo, al deterioro creciente del ambiente y al estado de abandono y desidia en que estamos viviendo en algunos lugares.
La crisis institucional y política es grave y esta realidad reclama apertura y participación de todos; un nuevo pacto entre el Gobierno y la Sociedad para producir transformaciones que mejoren la forma de funcionamiento del Estado.
En este marco se presentan las reflexiones y propuestas realizadas, las que espero sean escuchadas por quienes guiarán los destinos de Mendoza en los próximos años.
Es importante aclarar que estos contenidos sustanciales, como otros, fueron eliminados en la versión del Plan que presenta el Gobierno actual (NdR: en referencia al que cesó ayer), omitiendo el tratamiento de aspectos que deben ser abordados en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 8.051. El Proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial elaborado por especialistas de la UNCuyo – Conicet está disponible para toda la ciudadanía en http://institutocifot.com/downloads/
*Por Dra. María Elina Gudiño - Dir. Instituto de Cartografía, Investigación y Formación para el Ordenamiento Territorial (Cifot) y del Doctorado en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, Fac. Filosofía y Letras, UNCuyo. Coordinadora del Nodo Latinoamericano en la Red Iberoamericana de Observación Territorial (Ridot).
