Fue un gobierno del mismo signo político al de los dos últimos el que en 1993 realizó un proceso de reorganización de la provisión del servicio de agua potable y desagües cloacales. Se sancionó la Ley 6.044 que estableció la política general y los objetivos a alcanzar, procediendo a separar orgánicamente las funciones de regulación, control y policía de los servicios, de la operación o prestación de estos servicios. Luego se procedió mediante licitación pública nacional e internacional a concesionar la administración del servicio; no se vendió la empresa como equivocadamente suele interpretarse.
Esa concesión era por 25 años y al finalizar la misma las instalaciones volverían a manos de la Provincia, que recibió 150 millones de dólares destinados a la construcción del dique Potrerillos.
El problema central de la empresa era la falta de actualización de las tarifas congeladas desde 1991; recién en marzo de 2008 se otorgó un aumento, consecuencia del acuerdo de arreglo de diferencias firmado por el gobernador Julio Cobos.
En aquel entonces la Provincia no había cumplido la obligación de elaborar y aprobar una tarifa por volumen de agua consumida, en reemplazo de la actual que se establece por consumo presunto. Esta tarifa nunca se elaboró a pesar de que se colocaron 100.000 medidores, con un gasto de U$S 10 millones, que hoy en gran parte están deteriorados o sin uso.
Este problema de la tarifa, agravado luego de la devaluación de 2002, fue el motivo de los graves problemas de falta de inversiones e inadecuado mantenimiento de la empresa privatizada.
En las típicas argumentaciones para la reestatización se invocó esa falta de inversiones que por cierto era imposible realizar sin ajuste de tarifas. Problemas que ahora se quieren remediar a golpes de aumentos, cuando la situación económica de los usuarios se halla en mal estado.
En el tema tarifario, además, se manejan cantidades de usuarios que supuestamente tendrán subas mínimas y se los mide en cantidad de pesos no en porcentajes, por eso parecen poca cosa. Pero lo que ocurre en realidad es que para una gran parte de los usuarios de Aysam, al carecer de una tarifa que se aplique sobre el consumo efectivo de agua y evacuación de líquidos, tal tarifa se convierte en un verdadero impuesto.
La denominada tarifa se aplica sobre base similar al impuesto Inmobiliario, superficie construida, lugar en se encuentra, revalorización del inmueble, etc.
Esta actualización de lo que denominan Base Catastral permite modificar la tarifa a 5 mil viviendas por mes. La pregunta sencilla que se debe hacer y que probablemente no tenga respuesta satisfactoria es ¿qué relación hay entre esos factores y el consumo de agua? Es absurdo suponer que el aumento del valor de un inmueble obligue a pagar más por el agua, a veces consumiendo menos.
La síntesis es muy concreta: desde la estatización, desde 2010 a la fecha, la tarifa aumentó 139%; y ahora el flamante presidente de la empresa anunció que volverá a aumentar porque la empresa no cubre sus gastos con los ingresos actuales. Las empresas privadas en estas situaciones comienzan por los costos, tratando de reducirlos.
Sería muy útil, y democrático, que el Ing. Guillermo Amstutz informará detalladamente sobre la evolución de los costos de la empresa, en particular sobre la evolución de la cantidad de personal y salarios percibidos. Hay, también, indicios suficientes de que en Aysam está ocurriendo lo de siempre en las empresas del Estado, que los “verdaderos dueños” son los sindicatos del personal y los proveedores.
