Finalmente, los ediles de Tunuyán debieron dar marcha atrás con la declaratoria de zona urbana que beneficiaba a un sólo campo de 400 hectáreas en la zona de Los Chacayes, camino al Manzano Histórico. La fuerte polémica que desató la ordenanza 2.500/13, y que llegó hasta esferas nacionales, fue frenada semanas atrás con la derogación de la misma por parte del cuerpo legislativo.
El pasado 18 de mayo Los Andes había sacado a la luz esta situación desigual: mientras el departamento cuenta con distritos densamente poblados, como Vista Flores, que aún no son considerados zonas urbanas; los concejales sí otorgaron ese título a un terreno donde no hay más que monte, viñedos y una casa.
El fideicomiso, que había solicitado tal “consideración”, viene proyectando hace años instalar en el sitio uno de esos nuevos formatos inmobiliarios-vitivinícolas. Los inversores deberían pagar altos costos en dólares para acceder a una de sus 84 fracciones, que incluyen residencia y hectáreas de viñedos.
En realidad, la inequidad que guardaba la norma podría haber sido pasada por alto si la misma no hubiera contrariado leyes nacionales y provinciales. Incluso trascendió que desde el registro de Tierras Rurales de la Nación pidieron explicaciones al Concejo Deliberante por lo votado.
Sucede que todo el territorio que se extiende hacia el oeste de la ruta 40, en Tunuyán, es 'zona de frontera' y la ley 15.385/1944 dispone que estas tierras deben estar en manos de "ciudadanos argentinos nativos".
Lo que aprobaron los ediles, al pasar de un código de zonificación rural (99) a uno urbano (01), fue permitirle a este particular vender el terreno a extranjeros sin tener que rendir cuentas al Ministerio del Interior de la Nación, que es quien fija un cupo.
Estas ‘faltas’ y el esperado reclamo de privados -que tienen proyectos similares en esta zona top del Valle de Uco y están a la espera de una categoría de ordenamiento rural y turístico que los incluya- debieron poner a los ediles y al Ejecutivo en la tarea de buscar la manera de dejar sin efecto lo sancionado en agosto de 2013.
Incluso meses después el Cuerpo aprobó otra legislación que deja -al menos- varias dudas, la 2.505/13. Supuestamente tenía como objetivo responder al pedido de los vecinos de un joven enfermo que necesitaba un camino en condiciones, se le ordena al municipio declarar y convertir en calle pública el callejón comunero que conduce al campo en cuestión.
La derogación
En realidad, oficialmente la argumentación para vetar la polémica ordenanza fue que el privado no había cumplido con las obras ni los plazos a los que se comprometió y que generarían trabajo y desarrollo en ese sector de Tunuyán. Bajo estos conceptos, los ediles sancionaron el 13 de junio pasado la ordenanza 2.569, que derogó la anterior.
Fue la presidenta del Concejo, la oficialista Norma Molinar, quien presentó el proyecto de derogación. El director de Asuntos Jurídicos de la comuna, Alejandro Jardon, explicó a Los Andes que el fideicomiso tenía seis meses para cumplir con exigencias dispuestas en el texto de la ley; como una propuesta de un sistema de recolección de residuos o la donación de un terreno -equivalente en costo y en tamaño- para equipamiento social, tal como plantean los regímenes de Fraccionamiento y Loteo para Mendoza.
“Pasaron más de nueve meses y el privado no cumplió. Los ediles consideraron que esto daba por tierra con los argumentos que influyeron en la aprobación de la norma inicial, que buscaban el crecimiento y dinámica de esta zona”, apuntó el director de Asuntos Jurídicos tunuyanino.
Tres días después (el 16 de junio) el Ejecutivo promulgó la derogación, a través del decreto 535. Enseguida notificó a los organismos pertinentes: Catastro de la Provincia y la Dirección de Registro de Tierras Rurales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Desde el municipio, sostienen que el tema tuvo un final más que positivo. Sucede que fue el mismo intendente, Martín Aveiro, quien entregó la notificación en una audiencia con la directora del área Tierras Rurales del país, Florencia Gómez. “Lo bueno es que programaron una agenda de temas para seguir trabajando en conjunto. Pues, el ser zona de frontera frena el progreso en algunos puntos del departamento”, agregó el letrado.
La mitad de los ediles tuvo que derogar una ley que no votó, pues el Concejo Deliberante renovó sus filas en febrero de este año. Desde el sector opositor, uno de los concejales nuevos, el radical Paulo González apuntó que votó para darle de baja porque “rozaba la ilegalidad y no tenía en cuenta todo lo avanzado en la discusión sobre la ley de Uso de Suelo”.
Lo cierto es que la medida tomada el año pasado sobre puntos relacionados con el ordenamiento territorial sorprendió a muchos, pues Tunuyán es uno de los departamentos de Mendoza más avanzado en la temática. Incluso, ha sido reconocido por sus proyectos a nivel nacional.
La discusión que sigue
Derogada ya esta ordenanza, el debate que sigue es analizar bajo qué categoría se incluye a las inversiones vitivinícolas, turísticas e inmobiliarias que crecen en el sector oeste del Valle de Uco. Hoy, existe un vacío legal que permite que estos emprendimientos avancen sin cumplir con exigencias de impacto ambiental ni declarar -muchas veces- todas las edificaciones que poseen.
Ahora, el municipio se plantea un proyecto para crear una nueva categoría para responder a estas falencias: la del Fraccionamiento Turístico Urbano en zona rural. La idea es incluir allí todos los proyectos habitacionales, que tienen características diferentes a las netamente urbanas y a los cuales hay que delimitar y controlar su desarrollo en el área rural.
La iniciativa apunta a no negar el crecimiento turístico y los nuevos fenómenos urbanísticos -y los capitales y fuentes de empleo que ellos generan- que son una realidad en el Valle de Uco. Pero también, tiene el objetivo de establecer parámetros de ordenamiento territorial, de protección del equilibrio ambiental y de políticas igualitarias con el habitante común.
