Mauricio Macri firmó su cuarto decreto de necesidad y urgencia (DNU) para derogar el decreto firmado por la ex presidenta Cristina Fernández el 30 de noviembre pasado con el que ésta dispuso el cese de la retención del 15% de los fondos coparticipables que efectuaba el Estado sobre las provincias para financiar la Anses.
La medida fue publicada ayer en el Boletín Oficial y entre los fundamentos se señala que en caso de “no mediar la inmediata extinción del mencionado decreto” firmado por la administración anterior, “el presupuesto del año 2016 de la seguridad social se encontraría seriamente comprometido en cuanto a su nivel de gasto y financiamiento”.
El 30 de noviembre, la ex presidenta Fernández de Kirchner decidió firmar el decreto 2.635 luego de que el 24 del mismo mes la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo a favor de Córdoba, Santa Fe y San Luis, provincias que cuestionaron la constitucionalidad de la decisión de la Administración Federal de seguir detrayendo el 15% de la coparticipación pese a que en 2008 la Anses dejó de tener déficit al absorber los fondos de las ex AFJP.
Agarrándose de este fallo del Máximo Tribunal, la ex Presidenta tomó una polémica decisión en los últimos días de su mandato y firmó un decreto por el cual hizo extensivo la aplicación del fallo a todos los distritos, no sólo a los tres beneficiados directamente por la Corte.
De este modo, multiplicó exponencialmente -hasta los 98.000 millones de pesos- el costo fiscal de la decisión de la Corte, algo que debía recaer en la naciente administración de Macri.
Según los considerandos de la medida tomada por el gobierno de Mauricio Macri, la decisión de extender a todas las provincias el fallo de la Corte genera “consecuencias inexorables desde el punto de vista económico” ya que los fondos que el Estado dejaba de recaudar por ese porcentaje de la coparticipación debía “ser compensado con un ajuste sobre el gasto primario a cargo del Tesoro Nacional”.
El DNU también recuerda que tras la decisión de Cristina Fernández, la Corte Suprema rechazó un pedido similar planteado por la provincia de Formosa, esgrimiendo que los fallos que beneficiaban a Córdoba, Santa Fe y San Luis no suponían “la aplicación inmediata” para otros casos.
Hace dos semanas, la provincia de Tucumán también planteó una demanda ante la Corte Suprema para que el beneficio que obtuvieron las tres provincias que litigaron por años contra la Nación le sea aplicable también a ella.
Pero Macri, en la entrevista que le dio a medios del interior el fin de semana pasado, aclaró que cada distrito deberá recorrer mismo camino que hicieron Córdoba, Santa Fe y San Luis y que no está en su mente generalizar la sentencia de la Corte.
Por otro lado, el DNU que Macri firmó conjuntamente con todos sus ministros cuestiona al DNU de Cristina Kirchner dado que vulnera el artículo 99, inciso 3, de la Constitución, que prohíbe dictar DNU en materia tributaria, potestad que es exclusiva del Congreso nacional.
“Que en atención a lo expuesto previamente, el Decreto N° 2.635/15 ha perdido virtualidad jurídica ya que adolece de evidentes vicios que afectan su validez y tornan imprescindible su inmediata y urgente derogación”, finalizan los fundamentos.
Resistencia K a los DNU
La diputada nacional Lucila De Ponti y el concejal Eduardo Toniolli del Frente para la Victoria (FpV) presentaron ayer un recurso de amparo ante la Justicia Federal de esta ciudad para que se declaren inconstitucionales dos decretos firmados por el presidente Mauricio Macri.
Se trata de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) mediante los cuales el gobierno nacional pretende transferir las escuchas del Ministerio Público al ámbito de la Corte Suprema y suspender la entrada en vigencia del Código Procesal Penal de la Nación.
De Ponti consideró que “mediante estos decretos se erosiona la división de poderes, en un país donde el presidente toma decisiones importantes de manera unilateral, ignorando la Constitución Nacional, que dispone claramente que el Poder Ejecutivo no puede dictar DNU en materia penal”.
