El Gobierno nacional entregó a organismos de derechos humanos y periodistas “documentos desclasificados” de “14 agencias y departamentos del gobierno de Estados Unidos” que abarcan el período comprendido entre “1977 y 1982” que confirman el accionar represivo ilegal de la última dictadura militar y el rol de ocuparon los Estados Unidos en el marco del denominado Plan Cóndor.
El anuncio fue formulado por el vicecanciller Carlos Foradori, el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj y el Representante Especial para los Derechos Humanos de la Cancillería, Leandro Despouy, quien señaló que se trata de “un resultado contundente de la nueva política exterior” impulsada por Mauricio Macri y el acuerdo firmado el 24 de marzo pasado en ocasión de la visita del presidente Barack Obama.
Los funcionarios coincidieron en señalar que la documentación desclasificada alcanza a casos de secuestros y torturas emblemáticos como el de Alberto Samuel Falicoff; Alfredo Bravo; Jacobo Timerman, la familia de Alejandro Deutsch, el informe escrito por Patricia Derian sobre la situación de los Derechos Humanos en el país, informes de inteligencia sobre la forma en que se produjo el golpe de Estado de 1976, “negociaciones” entre Estados Unidos y los militares por cuestiones “geopolíticas” y cartas presentadas por el entonces presidente estadounidense, Jimmy Carter a Jorge Videla reclamando por la situación de los derechos humanos en el país.
Tras la conferencia de prensa realizada en la Casa Rosada, los funcionarios entregaron las carpetas y un CD con las 1081 fojas de documentación entregada por los Estados Unidos.
El encargado de recibir las carpetas fue el secretario de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Abel Madariaga, quien estuvo acompañado por representantes de otras organizaciones como el CELS, familiares de Detenidos Desaparecidos por cuestiones políticas, la APDH y el Equipo de Antropólogos Forenses.
Según anunció Avruj, los documentos “fueron entregados a Abuelas porque fue una de las organizaciones que solicitó formalmente la desclasificación pero estarán a disposición del público en la sede del Museo de la Memoria” para la consulta pública.
Consultado sobre el rol que ocupó el ex canciller norteamericano Kissinger en el denominado Plan Cóndor, Foradori prefirió “no adelantar opinión hasta analizar los documentos que fueron presentados en público por el Gobierno sin analizarlos”, tarea que comenzará ahora.
Avruj anticipó que el gobierno firmó además convenios con otros países como Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay para ampliar la desclasificación de documentos en esos países para investigar sobre la planificación del denominado Plan Cóndor, información que dijo: “Ayudará en los juicios por delitos de lesa humanidad” que se están sustanciando contra ex represores en el país.
“Estamos sorprendidos por la rapidez en que Estados Unidos entregó la documentación después del acuerdo con el presidente Obama, pensábamos que esto iba a tardar más de un año” indicó Avruj.
También detalló que el material contiene “informes de la embajada de Estados Unidos” de esa época, como de “la Secretaría de Estado y el Pentágono”, entre otras, que demuestran como se planificó “operaciones militares y de inteligencia” en el marco del Plan Cóndor en la región.
Entre los documentos desclasificados -que en su mayoría están escritos en inglés- también figuran informes de inteligencia sobre “negociaciones entre el Gobierno de Estados Unidos y Videla por la cooperación entre la dictadura argentina con Rusia y Cuba en el marco de la guerra fría y la presión para la firma de tratados de no proliferación nuclear, como las negociaciones de Carter con Videla para que acepte la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y pedidos de liberación de detenidos-desaparecidos.
También, anticipó Despouy, que solicitarán la apertura de archivos previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, entre los años “73 y 74” donde se puede comprobar el accionar de la “tristemente llamada Triple A” documentos que “se sumarán a los más de 4000 documentos desclasificados y entregados por la UNESCO que sirvieron para comprobar los delitos de lesa humanidad en el Juicio a las Juntas Militares”.
