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hace 4 horas
Legisladores radicales aseguraron
hoy que ninguna de las 16 denuncias que se hicieron previas a muerte de la pequeña Luciana Rodríguez
(3) llegó a la Justicia provincial y sólo se quedaron en comisarías o dentro de la administración de la Dinaf.
Así lo informaron tras recibir un informe del Poder Judicial que explica: “La posibilidad de intervención del Juez de Familia es única y exclusivamente en el caso de que disponga por parte de la OAL (Organismo Administrativo Local) una medida de protección excepcional, que sería sacar al niño de su grupo familiar donde convive, situación que requiere posteriormente el control de legalidad de la medida adoptada, lo que en caso de referencia (Luciana) no ha ocurrido”.
Este informe, que se hizo público hoy, fue pedido por el radicalismo tras conocerse el caso la semana pasada. Los legisladores de la oposición también pidieron detalles del caso al ministerio de Desarrollo Social y a otros organismos y entes estatales. Solicitaron, además, la presencia de ministro Cristian Bassin en la Legislatura.
Pero, según aseguraron los diputados Fernando Barrigón, Héctor Quevedo, Lorena Meschini, Tadeo García Zalazar, Víctor Scattareggia y Omar De Miguel, desde el Ejecutivo provincial enviaron dos notas: una pidiendo que la reunión solicitada para mañana, a las 10, en la Legislatura, sea postergada para el martes próximo, ya que el ministro de Desarrollo Social se excusó en que estará en Buenos Aires, “por la temática que es de público conocimiento”.
La otra misiva hace referencia a un relato que los legisladores consideran que forma parte de un expediente que nunca llegó a sus manos.
“Esta mañana, después de una semana, nos enviaron una pobre respuesta por escrito, donde hacen referencia a documentación que ni siquiera se encuentra adjunta. Lo único que aparece en la
con fecha del 8 de enero y dirigida al renunciado director de Promoción y Protección de Derechos, Fernando Herrera”, dijeron.
Según explicó Barrigón, la nota presentada el miércoles pasado a la OAL tenía por finalidad recabar la información oficial documentada de todo el proceso que concluyó con la desgraciada muerte de Luciana. Por esto, se entiende informes a los distintos órganos locales, Capital y Guaymallén, las denuncias al 102 y al 911, los informes del Centro de Adicciones Tejada Gómez, de los departamentos de Niñez de Adolescencia y Familia de las municipalidades de Capital y Guaymallén y las interconsultas con el Grupo de Alto Riesgo, dependiente del Ministerio de Salud que funciona en el Notti.
Asimismo, la puesta en conocimiento del Gobierno hacia la Justicia por el caso. “Nada de todo esto fue contestado”, dispararon los diputados y hasta consideraron “una tomada de pelo del Gobierno a la Legislatura o una posible protección a otros funcionarios”. Los legisladores radicales también pidieron información por notas a los hospitales Notti y Paroissien y al Procurador de la Corte.
“Desde la Justicia enviaron una nota con fecha 9 de enero, firmada por el secretario Administrativo de la Suprema Corte, Alberto Tonelli, del Alto Tribunal de Justicia, Pedro Llorente. Consideramos lapidario el informe para los funcionarios, ya que allí se asegura que desde que se sucedieron las distintas denuncias, nunca se le dio aviso a la Justicia de los maltratos que recibía Luciana”, dijeron los legisladores.
Del informe del Poder Judicial se desprende el siguiente párrafo: “En el caso de situaciones en que se encuentre una menor víctima de maltrato se comunica al Órgano Administrativo Local que corresponde por domicilio, quien es el organismo competente para intervenir y tomar medidas respecto de todos los niños y adolescentes en situación de vulneración derechos".
Y agrega: "Que la posibilidad de intervención del Juez de Familia es única y exclusivamente en el caso de que disponga por parte de la OAL una medida de protección excepcional, que sería sacar al niño de su grupo familiar donde convive, situación que requiere posteriormente el control de legalidad de la medida adoptada, lo que en caso de referencia (Luciana) no ha ocurrido. En conclusión, el caso nunca se judicializó, confirmado por los dichos del defensor de la Dinaf Javier López Maida a la doctora María Delicia Ruggieri”.
Desde el Paroissien aseguran que cuando Luciana estuvo internada por un cuadro de “neumonía multifocal”, la cual fue llevada al nosocomio por su tía, se detectó que más allá del problema de salud, la niña estaba inmersa en “riesgo social” y “estaba indocumentada y sin libreta de salud”.
Desde el nosocomio aseguraron que informaron a la OAL de Capital y a Desarrollo Social de Guaymallén.
Ante la falta de información del Gobierno y las contundentes respuestas ofrecidas por las autoridades del Paroissien y la Justicia, los legisladores sostuvieron que “ahora más que nunca esperamos que el ministro Bassín se presente en la Legislatura el martes próximo con respuestas claras y documentadas y que las medidas que prometió tomar el gobernador Francisco Pérez ante la gravedad de los hechos sean lo suficientemente contundentes y que el hilo no se corte sólo por lo más delgado”.
