Esta vez no se trató de una entidad nacional sino de un organismo encargado de monitorear el respeto a la libertad de prensa en los países de América Latina. El informe fue concluyente: para la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la década kirchnerista fue, para la prensa, la peor desde el regreso de la democracia, a la par que criticó con severidad el "abuso" que la Presidenta de la Nación hace de la cadena oficial.
Al referirse a la Argentina, el titular de la SIP, el uruguayo Claudio Paolillo, señaló que "comunicar con mentiras desde la cúspide del poder y racionar la libertad en función de los intereses de los gobernantes, se ha vuelto corriente" y dice que una situación similar se plantea en Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Bolivia. Asegura que en el año electoral el gobierno de Cristina Fernández ha batido todos los récords en gastos de propaganda y que, a pesar de la advertencia de la Corte Suprema de Justicia, continúa usando la publicidad como un sistema de premios y castigos a pesar de que la utilización de la cadena oficial como propaganda partidaria, va contra la Constitución.
A lo largo de los años y muy especialmente desde el impulso de la ley de comunicación audiovisual, el Gobierno y sus seguidores hicieron hincapié en la posición adoptada por lo que ellos llaman medios "dominantes", denunciando la existencia de monopolios, en la práctica inexistentes, en su intento de convencer a la opinión pública, sin lograr los objetivos buscados. Peor aún, a través de los medios oficiales y otros privados pero oficialistas, se dedicó a denostar a todos aquellos que, en su decisión de informar objetivamente, no se sumaron a la propaganda impulsada por el Gobierno. Si bien en la Argentina no hubo confiscaciones como sucedió en Venezuela, Ecuador o Bolivia, fue por el solo hecho de que la sociedad argentina ha madurado lo suficiente como para castigar, a través del voto, todo intento de gobierno autoritario.
Sin embargo y, pese a la advertencia de la SIP, el Gobierno insiste con la utilización electoral de la cadena nacional. La señora Presidenta volvió a utilizarla tres veces durante la semana pasada, ya sea para referirse al pago del vencimiento de bonos o para inaugurar algunos kilómetros de autovías, con motivo de la celebración del Día del Camino. Sólo días después de una irrelevante aparición también en todos los medios, intentando aportar votos a la campaña proselitista que realizan en Santa Cruz su cuñada, en la candidatura a gobernadora y su hijo, propuesto para diputado nacional.
A los reclamos de la SIP se le suma una denuncia formulada ante la OEA por parte del director por la oposición de la Afsca, Gerardo Millman, quien señaló que durante los últimos años los organismos administrativos otorgaron permisos precarios y frecuencias digitales a los grupos afines al oficialismo para emitir la televisión digital, violando normativas y evitando criterios objetivos y transparentes.
Si nos atenemos a los hechos y en vistas de que sólo restan menos de dos semanas para las elecciones y poco más de 60 días para la entrega del poder, es imposible pedir que el Gobierno cambie de actitud. Es de esperar entonces que las nuevas autoridades, que asumirán el 10 de diciembre, comprendan que la ciudadanía no está dispuesta a aceptar la continuidad de una política que ha demostrado, en su trato con la prensa, estar más cerca de los gobiernos autoritarios que de aquellos que respetan lo establecido por el sistema democrático.
