El oficialismo y la oposición llevaron a la Justicia Federal denuncias cruzadas por la violencia ocurrida el jueves, tanto entre legisladores en el recinto de la Cámara de Diputados, por la frustrada sesión para avanzar con una reforma previsional, como en las inmediaciones del Congreso Nacional, donde manifestantes, legisladores y periodistas fueron reprimidos por fuerzas de seguridad.
Encabezados por Elisa Carrió (Coalición Cívica) y Nicolás Massot (Pro), los diputados nacionales de Cambiemos presentaron una denuncia penal contra sus pares del Frente para la Victoria, a quienes acusaron de haber "perturbado el orden" de la frustrada sesión realizada ayer en la Cámara de Diputados, en la que el oficialismo pretendía avanzar con la reforma previsional.
En el texto de la denuncia, Cambiemos pide “determinar posibles responsabilidades penales derivadas de los hechos ocurridos, que podrían implicar la comisión de los delitos tipificados en los artículos 211 y 241 del Código Penal de la Nación”.
El artículo 211 -en el capítulo destinado a la Intimidación Pública- del Código Penal establece: “Será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos”.
El 241, a su vez, determina que “será reprimido con prisión de quince días a seis meses el que perturbare el orden en las sesiones de los cuerpos legislativos nacionales o provinciales, en las audiencias de los tribunales de justicia o dondequiera que una autoridad esté ejerciendo sus funciones”.
La denuncia lleva la firma de Massot, jefe de bloque de diputados del Pro, y de los legisladores Carrió, Miguel Bazze, Silvia Lospennato, Paula Oliveto y Juan López.
“En el recinto se vivieron hechos violentos llevados a cabo por diputados nacionales con el solo fin de impedir que se llegue a alcanzar el quórum para dar inicio a la sesión y así obstaculizar el normal funcionamiento del cuerpo”, detallaron en el escrito.
Además, señalaron que “se agredió verbalmente al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó (Cambiemos)”, quien lanzó una trompada -que no llegó a destino- a otro legislador, según se vio en imágenes televisivas.
Por su parte, legisladores opositores presentaron denuncias contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la “violencia” de los operativos montados por las fuerzas federales en torno del edificio del Congreso Nacional.
Una de las denuncias fue presentada por un grupo de diputados kirchneristas encabezado por el jefe de ese bloque, Agustín Rossi, y recayó en el despacho de María Romilda Servini, mientras la otra fue radicada por la legisladora Victoria Donda, quien el miércoles fue golpeada en las inmediaciones del Congreso, ante el juzgado de Sergio Torres.
La denuncia de los diputados kirchneristas apuntó también contra el presidente Mauricio Macri, a quien se señaló como uno de los responsables del operativo de seguridad dispuesto ayer en torno al Parlamento “para evitar que un conjunto de legisladores ejerciera su mandato”.
Rossi, junto a los también diputados Rodolfo Tailhade y Martín Doñate, sostuvo en su denuncia que el operativo de seguridad en torno del Congreso tuvo por objetivo que los legisladores opositores no participaran del eventual debate de la reforma previsional impulsada por el Gobierno.
"La responsabilidad penal recae sobre las fuerzas federales que ejecutaron los desmedidos actos de violencia referidos, así como sobre las autoridades que ordenaron el insólito despliegue de miles de efectivos de las diversas fuerzas federales", sostuvieron los diputados en su denuncia.
Rossi, Tailhade y Doñate enumeraron además todos los episodios atravesados por distintos diputados nacionales el miércoles y el jueves, jornadas en las que fueron "agredidos" por las fuerzas de seguridad.
Adepa repudió agresiones a periodistas
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) condenó la acción de las fuerzas de seguridad contra los trabajadores de prensa el jueves en los alrededores del Congreso, mientras realizaban la cobertura de los incidentes, en el contexto de la frustrada sesión para tratar la reforma previsional.
Adepa, además, se solidarizó con los periodistas, fotógrafos y camarógrafos agredidos y, mediante un comunicado exhortó a las autoridades a “investigar lo ocurrido e implementar las medidas adecuadas” para evitar que se repitan.
