Desde el Ministerio Público Fiscal prometieron que las denuncias contra vendedores de autos de la comunidad gitana se acelerarán y profundizarán, siguiendo el pedido que hicieron los denunciantes.
El martes pasado, un grupo de denunciantes de distintas provincias, agrupados bajo la denominación GEM (Grupo de Estafados en Mendoza), se reunieron con el procurador general Alejandro Gullé y le expusieron sus casos y la situación judicial en que se encuentran las causas, que no sólo son por estafas sino también por asociación ilícita.
El problema con algunos agencieros gitanos de autos se viene repitiendo desde hace varios años. Los estafados -de casi todas las provincias- son más de 200 y las maniobras presuntamente fraudulentas alcanzarían unos 50 millones de pesos.
El modus operandi en todos los casos fue el mismo: los gitanos publicaban avisos en diarios vendiendo a precios muy tentadores: autos, camionetas y camiones de modelos recientes. Cuando los compradores llegaban a Mendoza, los presuntos estafadores les mostraban el auto y para asegurarse "la venta", los llevaban al registro automotor, donde se comprobaba que el vehículo no está "flojo de papeles".
Luego también los llevaban hasta la planta verificadora, donde se comprobaba, nuevamente, que el auto está en condiciones.
Con la confianza del comprador ganada, los llevaban invariablemente a comer un asado y, en ese momento, los compradores entregaban el dinero pero el auto nunca se les daba.
Todo el circuito de la maniobra fue confesada por un imputado, quien dijo que aparte del pago habitual, una planta verificadora realizaría un "servicio especial" a los gitanos por mil pesos más. De esta forma los vendedores realizaban el trámite con rapidez y varias veces.
Habría vehículos que pasan por la planta verificadora más de 5 veces por semana. Justamente, esta "llamativa" maniobra no habría sido comunicada a nadie.
Celeridad y acumulación
Durante la reunión de la que participaron dos fiscales de Guaymallén (Gonzalo Marzal y Tomás Guevara) los denunciantes solicitaron al procurador general que se agilicen las denuncias.
Por un lado pidieron que algunos sospechosos sean imputados. Luego, cuando los agencieros tengan varias denuncias, se tramiten en un solo expediente y no por separado.
También que aquellos que están denunciados por estafa y por asociación ilícita, se investiguen conjuntamente.
En setiembre pasado, la jueza de Garantías, Alejandra Mauricio, impidió que el fiscal Guevara realizara 7 juicios abreviados contra gitanos por asociación ilícita, dejando de lado las denuncias de estas personas por estafas.
Se trata de algunos integrantes de la familia Esteban, que fueron detenidos en julio pasado durante un megaoperativo realizado en Guaymallén, Maipú, Godoy Cruz y Palmira, en el que se secuestraron 11 vehículos y se detuvo a 20 personas.
