A través de 33 hojas, Gustavo Correas, secretario general de la CTA de los Trabajadores, denunció ayer en Fiscalía de Estado y en la Fiscalía de Delitos Complejos el pago de "sobresueldos" en la Dirección de General de Escuelas (DGE). De comprobarse el hecho, las sanciones van desde la suspensión temporal de los cuestionados hasta la exoneración.
En la mira hay siete empleados que cobrarían más de un sueldo, aunque en la CTA sospechan que puede haber más. Pero, a su vez, apuntan también al titular de la DGE, Jaime Correas, como el responsable político. El que lo señala es Correa, titular de la CTA, referente de uno de los sectores internos del SUTE y militante del kirchnerismo.
Ante las repercusiones, la DGE difundió un comunicado en el que sostiene que "no existe situación de tales características de personal que sean incompatibles por sus horarios y sus funciones".
Es que según documentó el sindicato, “en principio” hay siete empleados de planta permanente de la Unidad Coordinadora de Programas y Proyectos que estarían cobrando, desde diciembre de 2016, contratos de locación que se suman a los sueldos que ya tienen.
El argumento legal con el que la CTA hizo las dos denuncias se sostiene en el artículo 13 de la Constitución provincial, que regula las incompatibilidades. “Nadie podrá acumular dos o más empleos o funciones públicas rentados, aun cuando el uno fuera provincial y el otro nacional”, dice la norma.
En la lista que tiene la CTA hay siete casos, entre los que Correa destacó uno: “Hay un abogado que está en planta full time y tiene un contrato de locación por un servicio. A no ser que lo cumpla en la madrugada, es imposible que preste el servicio”.
En la DGE prefirieron no hablar sobre el tema y difundieron a través de un comunicado la respuesta oficial.
"Todo el personal se encuentra enmarcado en el Estatuto del Docente y en el régimen de incompatibilidades Nº 6929, considerando esta actividad y profesión, no sólo a aquellas personas que impartan o dirijan acciones educativas, sino también aquellas que colaboran directamente o realicen tareas de apoyo escolar”, defiende el escrito.
En cuanto a si existe un aporte extra, la DGE explicó que “la Provincia recibe financiamiento de la Nación para realizar contratos de personal a término para diferentes actividades y que son de cumplimiento específico u objeto específico”.
“Por esta razón, la actividad del Gobierno es lícita al contratar personal. Además, este tipo de contrataciones no provocan ningún tipo de perjuicio al Estado. Dentro del marco de la ley, la DGE puede realizar estas contrataciones para actividades específicas”, justifica el escrito.
La denuncias que se hicieron ayer pueden tener consecuencias variadas. Si Fiscalía de Estado comprueba la irregularidad, las sanciones van desde la suspensión hasta la exoneración del empleado, lo que significa que la persona no podrá volver a trabajar en el Estado. A su vez, podría implicar un recupero de dinero si se considera que hay estafa.
“Está generando arbitrariamente un beneficio para un grupo de personas con una maniobra que afecta el erario público”, apuntó la CTA contra Jaime Correas.
No más dinero para el DAD
Con turno en mano, el director General de Escuelas, Jaime Correas, defendió ayer en la Legislatura la pauta de gastos para su cartera. El funcionario destacó que este año hay dos novedades: habrá más dinero para infraestructura con respecto a 2016 y el Gobierno ya no pagará más los sueldos de los docentes del Departamento de Aplicación Docente (DAD).
Esta última novedad tiene que ver con una gestión que realizó el Gobierno para que sea la Nación quien pague los salarios del colegio que depende de la Universidad Nacional de Cuyo. “Mendoza es el único caso en el que una provincia paga la cuenta de un organismo nacional”, aseguró Correas.
El convenio es progresivo y va a significar $ 150 millones de ahorro, si se tiene en cuenta lo que debe pagarse en 2018. “El año que viene vamos a pagar $ 70 millones, en 2019 $ 30 millones y en 2020 $ 10 millones. En el 2021 la Provincia deja de pagar”, señaló.
