Un problema que se repite cada año. Una vez más, el robo de aceitunas preocupa a los empresarios del rubro. Según dijeron el robo es permanente y no sólo se limita a las pérdidas de materia prima sino que también debe tenerse en cuenta el daño a los árboles y a los alambrados de las fincas.
"Hay poca aceituna y en algunos casos está relacionado con quien la recibe porque la aceituna debe terminar en una fábrica. Entonces si no hay compra de robado, no habría robos. Por eso, hay acopiadores ilegales que están recibiendo y aunque las grandes fábricas no lo hacen, los acopiadores si las están comprando", señaló Juan Carlos García Zuloaga, presidente de la Cámara Olivícola de Mendoza.
Vale decir que según los datos del año pasado del Instituto de Desarrollo Rural, la cantidad de superficie implantada de Olivos es de 19.089 hectáreas, concentradas sobre todo en la zona Norte y Sur de la Provincia de Mendoza.
Continuando, García Zuloaga, que además integra el foro legislativo de seguridad rural, dijo que lo que se está haciendo es controlar fábricas y empresas y "todo lo que anda por la calle" exigiéndoles los papeles reglamentarios para chequear que todo está en orden.
“A veces pasa que particulares dicen que las aceitunas son suyas, pero después no cuentan con el registro de tierras. El problema se está dando porque hay algunos fiscales que no están haciendo los controles pertinentes, aunque otros se están jugando mucho”, consideró García Zuloaga.
El empresario, además aclaró que éste no es un buen año para las aceitunas, ya que si en un año bueno se cosechan 100 mil kilos, en este momento deben estar rondando los 10 mil. "Aunque debería estar más cara, se vende a 50 o 60 centavos de dólar el kilo, no más que eso. Y eso va matando cada vez más al productor. Ya van cuatro o cinco años en los que lo que se obtiene por la venta de las aceitunas es menor a lo que cuesta producirlas", explicó.
Por su parte, Rodolfo Vargas Arizu, dueño de Tierras Altas, opinó que si bien no ha comenzado la cosecha de la aceituna aceitera, va a haber problemas, como todos los años. "En el campo no se está haciendo nada por la seguridad y no se puede manejar plata. Además se trata de cosechas largas, difíciles de custodiar. Ni hablar de las fincas cercanas a las poblaciones, que son las que más van a sufrir", dijo el empresario.
Para Vargas Arizu, el problema es que si no hubiera impuesto al cheque o a las transferencias ningún allegado al campo andaría con dinero en mano.
“Pero como hay, siempre hay un mercado donde vender las aceitunas robadas. El problema es el tema impositivo porque si el monto de los impuestos fuera menor nadie se arriesgaría a ser atrapado", aseguró agregando: "La gente del campo ya no sabe qué hacer. Este problema va a repetirse".
Un mes de operativos
Guillermo Antequera, jefe de la policía rural, explicó que hace un mes que se vienen realizando operativos permanentes en las zonas productoras de aceitunas y que aunque han recibido denuncias a través del 911, no hay muchas denuncias formales a través de las fiscalías.
"Algunas denuncias tenemos, pero no muchas. Son más o menos similares a la cantidad registrada el año pasado. Sucede que a veces se trata de robos menores, que son muchos pero menores. Tampoco se están haciendo las denuncias en las fiscalías. Los operativos los hacemos en función de lo que nos hacen hacer", dijo el jefe de la policía rural añadiendo que la semana anterior se realizó una reunión con diferentes organismos, entre ellos Fiscalización y Control y el municipio de Maipú, para trabajar sobre este tema.
“Entre varias cosas, acordamos qué papeles son los que deben llevar quienes transporten aceitunas en la vía pública. Estos son: comprobante de ingreso y egreso de materia prima, esto es, una declaración jurada avalada por el registro único de uso de la tierra; y se exige la factura o remito oficial de Afip”, señaló.
Antequera agregó que de todas maneras este año hay más venta de aceitunas de manera ilegal porque se está pagando a 11 pesos el kilo en los acopiadores ilegales, mientras que son 13 o 14 pesos los que pagan a los productores hasta 120 días. “Por eso es que están enojados con la situación", describió”.
