Una nueva polémica entre oficialismo y oposición. Esta vez se trata de un supuesto privilegio al que pocos pueden acceder: que maquinaria pesada perteneciente al Estado provincial trabaje en una propiedad privada, vaya a saber en qué condiciones. Eso es lo que sucedía el miércoles a las 16, en una finca ubicada en la ruta 34, a metros del autódromo en el que se realizan las famosas picadas de Lavalle.
Se trata de una motoniveladora identificada como M-131 perteneciente a la 10º seccional de la Dirección Provincial de Vialidad. De acuerdo a fuentes de esa repartición, se trata de un servicio que se hizo a pedido de la comuna de Lavalle; se trató de abrir un camino de servicio para agilizar la salida de los espectadores que van a las picadas.
Según el diputado radical Jorge López (que tomó fotos), la máquina estaba trabajando en un predio privado en la esquina de la ruta provincial 34 y la calle de ingreso al autódromo, pero dentro de la propiedad, no al costado del camino.
No es la primera vez que a maquinaria pesada, comprada por el Estado y que consume combustible pagado por el Estado, se la encuentra en predios privados.
En los últimos años hubo dos casos que fueron ventilados por la prensa, los dos con maquinaria del Departamento General de Irrigación; la primera fue trabajando en la finca “La Errachida”, ubicada en Tupungato, del entonces asesor más importante del organismo, Jorge Villalón, en 2008; la segunda fue durante 2012, en el camping Quitapenas de Tunuyán, propiedad del entonces subdelegado del río Tunuyán Superior, Diego Mayorga.
El primer caso fue incluido en una voluminosa denuncia contra el entonces titular de Irrigación Eduardo Frigerio ante el Jury de Enjuiciamiento, presentación que a la postre culminó en la renuncia de Frigerio en diciembre de 2011; el segundo fue durante la gestión del actual titular José Luis Álvarez, quien pidió la renuncia a Mayorga por el desliz.
En este caso, el dueño del campo no se conoce. Al menos el denunciante no sabe quién es el propietario. Sólo vio la maquinaria trabajando cuando viajaba por la ruta 34, paró su auto y sacó fotos.
El transeúnte era el diputado provincial López, quien volvía a su domicilio después de la sesión de los miércoles. Ayer, cuando volvió a su despacho, presentó un pedido de informes dirigido al titular de la DPV, Enrique Soler, para que explique qué estaba haciendo la motoniveladora New Holland identificada como M-131 de la décima seccional en ese predio.
“Nos enteramos que quieren meter 106 empleados con contratos de locación en Vialidad y me pregunto: ¿para esto los quieren pasar a planta?”, decía ayer el radical (ver aparte). Según López, la maquinaria estaba haciendo tareas de nivelación del terreno. “No sé a quién pertenece, ni lo que hacía la motoniveladora. En la zona se dice que en esa propiedad se hará un loteo”, explicó el legislador.
Desde Vialidad se esgrimen motivos supuestamente menos conflictivos. Hubo trabajos y se hicieron a pedido de Lavalle, porque esa municipalidad tenía su equipamiento roto y es para seguridad de los asistentes a las picadas. La pregunta es si el trabajo se hizo para privados y en qué condiciones. El pedido de informes debería tratarse en la sesión (del miércoles que viene) de Diputados.
El PJ frenó pedido
Hubo una invitación dirigida al titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) Enrique Soler, para que aclarara la situación y las condiciones del pase a planta permanente de 106 contratados de Vialidad. Pero la invitación fue rechazada por el PJ.
Las dudas por el paso a planta permanente de personal contratado está agitando las aguas de la política. En los últimos días el debate se centró en Salud, donde los que cambiarían su modalidad de contratación con el Estado serían 1.400.
Estos mil contratados pasarán a planta por el acuerdo paritario que suscribe el Ejecutivo con ATE Salud y Ampros, en los que se incluye este punto como parte de los convenios. La duda es que si efectivamente son todos trabajadores o hay militantes del peronismo contratados en el Estado por prestaciones que poco tienen que ver con los servicios que debe brindar el Estado.
