Denuncian a funcionarios del Casino por el contrato de tragamonedas

Las historias vinculadas al Instituto Provincial de Juegos y Casinos son confusas y engorrosas. Hay un tema recurrente que siempre vuelve: la renegociación del contrato de tragamonedas. Lo que complica la historia son los protagonistas que se suman al relato.
 
En este caso se trata del entonces gerente de tragamonedas Ricardo Rodríguez Figueroa y del entonces asesor legal del Instituto, Ítalo Pappalardo.
 
Ambos han sido denunciados administrativamente por ser quienes permitieron el incremento del canon que se paga a la empresa prestadora de las máquinas tragamonedas, a pesar de que la licitación inicial del servicio lo prohibía.

La denuncia, actualmente en el área de Legales de Juegos y Casinos, se conoció justo cuando los empleados del Instituto se encontraban de paro. La huelga convocada por ATE está vinculada a esta denuncia (ver aparte). Y es que, hace unos días el Directorio del Instituto Provincial de Juegos y Casinos emitía dos resoluciones que modificaban el organigrama del organismo.

En esas resoluciones se nombraba al denunciado Rodríguez como gerente de Fiscalización e Inspección, un puesto de control de todos los casinos departamentales, los privados y la propia sala del Casino de Mendoza, además de todas las agencias de quiniela.

Cabe agregar además que ambos protagonistas serán denunciados también ante las comisiones de Juegos de Legislatura, Fiscalía de Estado y la Justicia.

Cómo se originó la renegociación

Para ordenar la historia, hay que empezar por un clásico de las crónicas periodísticas de los últimos meses. En julio de 2011 el entonces titular del Instituto, Daniel Pereyra, firmó la renegociación del contrato de concesión de los tragamonedas que funcionan en el Casino oficial.
 
En ese contrato, la empresa Mendoza Central Entretenimientos (vinculada al grupo Vila-Manzano) se compromete a poner 200 máquinas más (incluyendo las obras necesarias para albergarlas) a cambio de incrementar gradualmente el canon del 26% al 47%.

Esta renegociación se inició en noviembre de 2010, cuando el entonces gerente de Tragamonedas, Ricardo Rodríguez Figueroa, lanza un informe en el que dice que, frente a la competencia que presentan las salas privadas, más la que próximamente se abriría en Maipú, se hace necesario incrementar la cantidad de máquinas que ofrece el Casino oficial, dado que hay una relación directa entre la cantidad de máquinas y la facturación de las salas. Incluso dice que es necesario introducir nuevas tecnologías de fidelización.

Con este informe se abre un expediente, el 08248-I-2010, que es remitido directamente a la asesoría letrada, conducida por Ítalo Pappalardo, quien no ve problemas en lo que dice Rodríguez. El trámite sigue y el resultado es que casi ocho meses después Pereyra firma el nuevo convenio.

Actualmente el Instituto paga el 40,09% y la renegociación está bajo análisis de la Fiscalía de Estado, dado que la actual gestión del Instituto no quiere subir el canon al 47% sin soporte legal del organismo de control.

El resultado de esa renegociación ha sido motivo de varias notas periodísticas. Los Andes decía en su edición del 23 de diciembre de 2012 que, en caso de pagar el 47% de la recaudación, el Casino ganaría un 5% menos de lo que ganaba antes de la modificación del canon.
 
Y que esto impactaría en los recursos que se destinan a planes sociales y de salud, así como también en el salario de los trabajadores, quienes cobran una retribución de ese dinero.

El 17 de setiembre de 2012 Los Andes publicaba que, aun sin pagarle a la concesionaria el 47% de la recaudación, la empresa ya facturaba un 80% más de lo que cobraba el año anterior.

La denuncia contra los funcionarios

Los denunciantes son dos trabajadores, uno de ellos, Alejandro Campos, revista en ATE; el otro, Orlando Sánchez, supo tener protagonismo en los '90, cuando denunció la forma en la que se introdujeron los tragamonedas en el entonces único casino de Mendoza.

En el escrito que presentaron, de más de 20 páginas, lo que denuncian es que no hacía falta renegociar el contrato para ampliar la cantidad de tragamonedas y que esto debían saberlo tanto Rodríguez, el gerente a cargo de las máquinas, como el asesor legal de la repartición, Pappalardo.

Lo que esgrimen los denunciantes es el pliego original de licitación, que se realizó en 2003. En ese pliego se fijaba el canon original de 26,23%. En el artículo 6 de ese documento se indica que "el Instituto Provincial de Juegos y Casinos podrá requerir al adjudicatario en el momento que lo estime corresponder, provea además, e independientemente del equipamiento instalado o a instalar, hasta un 50% más de máquinas". En aquel momento, el Casino tenía 370 tragamonedas.

Lo que dicen los denunciantes es que, con la recaudación propia de los tragamonedas, podría haber encarado las obras necesarias para albergar las máquinas (al momento de firmar el convenio se tasaron en 3 millones de pesos) y no subir el canon al 47%.

De acuerdo con los números que presentan los denunciantes, sólo con la diferencia entre 26,23% y el 40,09% de la recaudación que facturó Mendoza Central Entretenimientos en los tres primeros meses de este año, se obtuvo 3,4 millones de pesos, es decir que hubiera alcanzado para cubrir las obras.

Pero los denunciantes van más lejos. Dicen que Mendoza Central Entretenimientos, además de haber obtenido el incremento del canon, también se quedó con la concesión del restaurante y bar del Casino.
 
A fojas 28 y 29, Rodríguez dice en su informe que, además de mejorar la tecnología de las máquinas, el Instituto debería entregarle a Mendoza Central Entretenimientos el servicio de gastronomía. Cosa que ocurrió sin costo para la empresa y sin que Pappalardo pusiera objeción alguna.

Los denunciantes Campos y Sánchez indican que la licitación original de 2003 la ganó otra empresa, Cirsa SA. En dos resoluciones firmadas por Daniel Pereyra en 2008 y 2009, se transfirió los derechos de la licitación a Mendoza Central Entretenimientos, donde participa el grupo Vila-Manzano.