La ley ya se aprobó y ya se publicó en el Boletín Oficial. Pero, desde la Asociación Mendocina de Agrimensores (AMA) manifestaron críticas a la norma que determina el avalúo de las propiedades. Explican que, en realidad, notaron 'el error' hace tiempo, pero que como cuando se sancionó la ley la directora de Catastro estaba de vacaciones, no pudieron hacer nada.
Si bien se ha dicho que la norma establece un aumento del 25% para este 2016, la entidad asegura que en los departamentos la suba es de hasta el 56%.
Desde el Gobierno, en tanto, si bien no reconocen expresamente el 'error', sí aseguraron que la intención fue aumentar sólo el 25% y que si hay algo que no está bien, se revisará. “La voluntad política del Ejecutivo fue adecuar el valor de los avalúos un 25% respecto de los fijados en 2015. Es decir, los valores del año pasado se multiplican por 1,25 y se definen así los de 2016. Si hay algún error de interpretación vamos a gestionar con el ministro de Hacienda (Martín Kerchner) que se modifique la normativa para que no pase el 25%. Los avalúos se tienen que ajustar a ese porcentaje”, aseguró Alejandro Donati, titular de ATM.
Por su parte, en AMA explican el supuesto error y también critican la designación de la directora de Catastro (ver aparte). “Dicen que el aumento del avalúo es del 25% para todas las propiedades. Pero, si se analiza en detalle la ley, se ve que el aumento en los departamentos llega al 56 por ciento. Pueden haber ocurrido dos cosas: que realmente quieran subir más los departamentos, lo cual no estaría bien, o un error. Cuando lo detectamos, junto al Colegio de Agrimensores, quisimos consultar con la directora de Catastro y estaba de vacaciones. Ahora ya está aprobada la ley”, se explayó Juan Flores Fernández, presidente de la Asociación Mendocina de Agrimensores.
Asimismo, el Colegio de Agrimensores trabaja junto a la asociación y respalda esta misma crítica. Aseguran que, de la manera en la que está actualmente redactada la ley 8.836 -que fue publicada en el Boletín Oficial el pasado 14 de enero- no cumple con la equidad que debe tener la ley de Avalúo.
Ponen como ejemplo, para que se comprenda más coloquialmente, que establece que una propiedad urbana que en 2015 valía 100 mil pesos pasará a 125 mil pesos en 2016. Eso es correcto -dicen-. Pero si se ve la parte del cálculo de un departamento que el año pasado tuvo un avalúo de 100 mil pesos, en 2016 será de aproximadamente 150 mil pesos.
PJ dividido, ley sancionada
Si bien al momento de votar las tres principales leyes para el año, que además de Avalúo son Impositiva y Presupuesto, el Partido Justicialista se dividió en la Legislatura, finalmente el gobernador Cornejo (UCR) tuvo sus normativas sin demasiados dolores de cabeza.
Desde el comienzo, la ahora sancionada 8.836 previó un incremento del 25% que se determinaba a partir de una actualización en la fórmula del cálculo y el objetivo fue acercar el valor de referencia al real del mercado actual.
Vale decir, tal cual explicaron las entidades de agrimensura, que tal fórmula calcula el valor multiplicando por 1,25. Eso, en su momento, fue cuestionado por el peronismo por significar un 'aumento indirecto'. Zanjadas las discusiones, el Senado aprobó el 5 de enero la ley de Avalúo 2016.
Contra la directora de Catastro
La Asociación Mendocina de Agrimensores también criticó la designación de la titular de Catastro, Laura Luzuriaga, porque afirman que la mujer no tiene incumbencias para ejercer el cargo. En cambio, desde el Gobierno afirman que no darán marcha atrás porque todo el procedimiento que se realizó fue legal.
“La ley de creación de la ATM (Administración Tributaria Mendoza, ex Rentas) dice en el artículo 11 que todos los directores generales tienen que tener incumbencia en el cargo que ocupan y ella es abogada. El director de ATM la defiende diciendo que hizo un curso tributario; es como decir que un curso de medicina me habilita para operar a una persona. Los únicos que tienen incumbencia en Catastro son los agrimensores. Evidentemente la ley no se testeó. Encima se fue de vacaciones. Durante 20 días no dejó a nadie con firma habilitante y para colmo fue el tiempo en el que se sancionó la ley fundamental para su dirección", expresó Flores Fernández, de AMA.
Tanto la asociación como el colegio remarcaron que se pidió una audiencia con el gobernador Cornejo y el ministro Kerchner, y todavía no les han dado respuesta. En el Gobierno aseguraron que el pedido entró el viernes pasado, que por ello aún están a tiempo de contestar y que el tema está en carpeta. “La hemos nombrado conforme a las normas legales que están vigentes. Ellos recurrieron una resolución. Ya les daremos una respuesta. Pero insistimos que está dentro de lo legal. En otras provincias hay abogados y contadores como directores de Catastro”, remarcó Donati.
