Trabajadores de la Casa Rosada, el Ministerio de Cultura y el Banco Central, entre otras reparticiones estatales, denunciaron ayer nuevos despidos impulsados por el gobierno macrista, mientras funcionarios nacionales ratificaron un “plan de reducción”, aunque admitieron la posibilidad de hacer “relocalizaciones”.
En el área de Cultura, que depende de Pablo Avelluto, se dejaron sin efecto los contratos de 494 personas, mientras que a 54 personas que cumplían funciones en Casa Rosada, bajo la órbita del secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, no les permitieron el ingreso. En el Banco Central se denunció el despido de 47 personas.
Funcionarios del gobierno nacional, consultados por DyN, ratificaron el “plan de reducción” de la planta estatal. Consideraron que “no se trata de trabajadores de planta permanente sino de contratos que se vencían en diciembre, que se renovaron automáticamente pero dentro de un proceso de revisión” que está a cargo del ministro de Modernización, Andrés Ibarra.
Según detallaron, la mayoría corresponde a los ingresos registrados en los últimos tres años, aunque señalaron que “si se constata que son trabajadores que cumplían una función, y registran un historial, puede haber relocalizaciones”.
Un grupo de 20 cesanteados de la sede gubernamental de Balcarce 50 indicaron a los periodistas acreditados que ayer se les negó el ingreso a sus puestos de trabajo “sin previo aviso”: “No soy ñoqui ni de La Cámpora, pero no me dejaron pasar”, reclamó una mujer que pidió reservar su identidad, al tiempo que otro damnificado negó haber ingresado al Estado en los últimos meses.
“Acá hay personas que trabajan desde 1990, otros desde 1996. Son 20, 15 años de trabajo en diferentes áreas, pero siempre como monotributistas, gente de mantenimiento, de cocina, todo dependiente de Secretaría General”, indicó un hombre que, a su vez, adelantó que se quedaba en la puerta de ingreso de Casa Rosada hasta cumplir su hora de trabajo, luego de entregar una nota en mesa de entrada, y decir que “no fueron recibidos por ningún funcionario”.
“La semana que viene Ibarra dará detalles sobre el proceso de revisión de los 84 contratos que planteó en diciembre, porque ya pasó un mes de uno de los plazos previstos”, reconocieron a DyN desde el macrismo, y recordaron que se trata de 24 mil nombramientos que tuvieron lugar en el último año y 60 mil que corresponden al período 2012/2015.
“A todos se les renovaron, y se puso como plazo 3 meses de revisión (y tomar una determinación) para el primero de los casos, y un año y medio para los contratos más antiguos”, destacaron. Desde Secretaría General, en tanto, informaron que los despedidos son 54, que “a todos se les envió el telegrama” correspondiente y que “el más antiguo tiene fecha de contrato de 2005”, al tiempo que agregaron: “Los motivos son diversos. Cada responsable de área hizo un relevamiento de todo el personal a su cargo y en base a eso hubo estos 54 casos”.
En cuanto a la situación del Ministerio de Cultura, a través de un comunicado oficial se confirmó la cesantía de 494 contratos a raíz de un “injustificado aumento de su nómina de personal entre 2013 y 2015, que no guarda relación alguna con la transformación de la ex Secretaría de Cultura en Ministerio eno 2014 ni con el incremento de su actividad en dicho período”.
“Entre el personal desafectado se cuentan decenas de casos de nombramientos producidos en diciembre, horas antes del cambio de gobierno”, se indicó.
Corte: un fallo avaló la designación de jueces
La jueza en lo Contencioso Administrativo Tributario Federal, Claudia Rodríguez Vidal, avaló ayer la facultad del Presidente de la Nación, Mauricio Macri, para designar a dos juristas como jueces de la Corte Suprema “en comisión”.
“No se encuentra en discusión la atribución presidencial de proponer a aquellos juristas que estime idóneos para desempeñar tan alta función. El nombramiento de los miembros de la Corte Suprema, constituye un acto político institucional de integración entre el Presidente de la Nación y el Senado”, precisó.
Rodríguez Vidal se pronunció así en la causa iniciada por el abogado Denis Pitté Fletcher, quien objetó la forma en que Macri designó en la Corte a los juristas Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti y pidió una medida cautelar para frenar esos nombramientos. La jueza citó doctrina para afirmar que la designación de jueces de la Corte es una “atribución decididamente política y el Presidente puede ejercerla bajo parámetros discrecionales”.
