Luego de que se conociera el sueldo que percibe el director de la delegación PAMI de nuestra provincia, Marcelo Álvarez, la Federación de Jubilados Mendocinos (Fejumen) emitió un comunicado en el que denuncia “importantes sueldos que perciben los ilegales funcionarios”.
Se refiere a tres personas que desempeñan funciones en altos cargos, con salarios de entre 15 y 24 mil pesos mensuales, y que, al igual que el doctor Álvarez, pertenecen a la agrupación kirchnerista La Cámpora. Además, la Fejumen asegura que es tan alarmante la situación actual del Pami que hasta “están dejando morir a los adultos mayores”.
En la información, la comisión directiva de esa federación da nombre y apellido de las personas, junto con los respectivos bonos de sueldo, y también denuncia serias falencias edilicias.
Es que según la Fejumen, está, por un lado el edificio de calle Córdoba en donde funciona actualmente la obra social y que no se encuentra en condiciones de “habitabilidad” y, por otro, denuncian (junto a documentación que lo demuestra) que hace casi dos años pagan sumas altísimas por el alquiler de dos edificios que no se usan para nada.
A raíz de toda la información brindada, Los Andes intentó durante dos días hablar primero con el titular del PAMI Mendoza sobre todas esas denuncias, pero no hubo respuesta.
La única oficial llegó a través del área de comunicación de Pami en Buenos Aires vía mail y fue un escueto comunicado que únicamente responde sobre al tema edilicio (ver aparte). Pero ninguna autoridad quiso contestar a las insistentes consultas de este diario.
Privilegios
El pasado viernes, el legislador de la Ciudad de Buenos Aires Gustavo Vera hizo público el bono de sueldo en el que se puede ver que el oncólogo Álvarez gana más de $ 50 mil mensuales por el cargo que desempeña (publicado por este diario el sábado pasado).
“Resulta sorprendente que además del sueldo del doctor Álvarez, otros designados por éste reciben elevadas remuneraciones sin haber acreditado mayores conocimientos sobre el tema de los adultos mayores, y sólo por adherir a un movimiento que nada tiene que hacer con la conducción de la obra social de los jubilados”, dice parte del comunicado de la Fejumen.
Asimismo, la federación que preside Edgardo Civit Evans detalla los nombres de los funcionarios a los que hace referencia. En el caso de José María Vinassa el bono de sueldo que están haciendo circular es de julio de este año y ese mes percibió $ 23.440; Manuel Vela cobró $ 19.801 en diciembre del año pasado y María José Lorente Tapia -también el pasado julio- $ 14.489.
En el caso de Vinassa según su recibo salarial es coordinador y las otras dos personas, administrativos. En ningún caso, tampoco en el bono de Álvarez, figura el pago del correspondiente “impuesto a las ganancias”.
“Según las fotocopias de los bonos de todos los mencionados, ninguno tributa el impuesto a las ganancias, obligatorio por ley y que se les descuenta, por ejemplo, a los empleados del mismo Pami que superan los $ 12.000 mensuales de bolsillo.
Por tal motivo, creemos que debería intervenir de oficio la Fiscalía Penal Federal en turno y la AFIP, dado que, además de una presunta evasión fiscal, implica una clara desigualdad con el resto de los funcionarios y trabajadores”, denuncia la Fejumen.
En este sentido, se pronunció también el secretario general adjunto de UTI, gremio que nuclea a parte de los trabajadores de PAMI: “Nosotros no nos quejamos por lo que cobran ( en referencia al monto) pero sí cuestionamos que no paguen del impuesto a las ganancias pertinente y sí coincidimos en que los jubilados cobran muy poco (poco más de 3.000 pesos por mes, el mínimo) en relación a los funcionarios”, expresó Raúl Villegas.
Con preocupación, el titular de UTI manifestó también que “Álvarez no resuelve nada. Dice que toda la culpa de lo que pasa acá la tiene Buenos Aires. Siempre que le planteamos algo responde 'a mí me banca Anabel Fernández Sagasti (diputada nacional por Mendoza del Frente para la Victoria)'.
Necesitamos que el médico se ponga a trabajar en serio y que se deje de 'viaticar'; los jueves y viernes nunca lo encontramos. Que justifique el sueldo, porque a igual tarea igual remuneración y si no está en condiciones de cumplirlo, que deje el lugar a otro”.
Peligro
Hoy el PAMI funciona en un edificio que está ubicado en calle Córdoba el 246 de Ciudad. Tanto la Fejumen como el UTI manifiestan que las condiciones en las que se halla ese espacio son nefastas, insalubres y peligrosas.
“Se encuentra colapsado, con graves riesgos en caso de sismo y esto lo han ratificado la Universidad Tecnológica Nacional y la Municipalidad de Capital. Esta gravísima situación fue denunciada en 2012 por nuestra federación y por el gremio que nuclea a los empleados de Pami”, dice el comunicado.
Además, agregan que mediante una resolución (la 134, que aportan junto al comunicado) el Pami alquiló dos edificios diferentes durante tres años.
“Uno ubicado en Avenida España 1.168 y otro en Belgrano 1.236, por una cifra total aproximada de $ 10.000.000. Han pasado casi dos años y ninguno de los edificios está ocupado por Pami, persistiendo el riesgo sísmico y pagándose elevados montos por alquileres de edificios que no se ocupan. Este irregular hecho ha sucedido en otras ocasiones”, remarcan.
Y allí es cuando surge lo más intangible pero a la vez preocupante de la información de la Fejumen. “Por un lado se gastan millones de pesos y por otro no hay remedios para tratamientos oncológicos, prótesis, traumatología. Hay una falta de humanidad increíble. Dejan que las personas se mueran”, se lamentó Civit Evans.
Desmienten riesgo edilicio
Ante la consulta de Los Andes por las denuncias de la Fejumen y la UTI , desde la obra social de los jubilados se limitaron a responder con el siguiente comunicado: "PAMI desmiente versiones sobre problemas edilicios y denuncias de posible derrumbe del actual edificio donde funciona la UGL (Unidad de Gestión Local).
Se han instalado medidores testigos anti-derrumbes que miden el movimiento del edificio y en los últimos dos años han resultado negativas todas las mediciones referidas a movimientos sísmicos que puedan poner en peligro el edificio o sobre posibilidades de derrumbe.
De todas formas conscientes de la necesidad de brindar el mejor servicio a los afiliados, en los próximos meses se dispondrá mejorar la condición edilicia del actual edificio de la UGL. Se está terminando el proceso licitatorio garantizando transparencia y una mejor atención al afiliado”.
