El ex gobernador Francisco Pérez fue denunciado penalmente, a raíz de un decreto que lleva su firma y que ordena en uno de sus últimos actos de gobierno, la intervención de la Cooperativa Eléctrica y Anexos Popular de Rivadavia, que es la principal distribuidora del departamento con más de 14.500 usuarios.
La denuncia fue promovida por Alberto Debandi, el ex presidente de la cooperativa ahora intervenida, quien a fines de 2015 fue desplazado del cargo, al igual que el resto del consejo directivo. Desde entonces y por un plazo de 180 días, un interventor administra la entidad.
La denuncia contra el ex gobernador se tramita en juzgados de Rivadavia y pide que se investigue a Francisco Pérez por el delito de "falsedad ideológica" e incluye además, al interventor Sergio Boverman, a quien se lo acusa de "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y también de "administración fraudulenta".
Para entender el tema, hay que recordar que a comienzos de diciembre, Pérez ordenó la intervención a la Cooperativa Eléctrica Popular de Rivadavia, señalando que estaba en peligro el normal funcionamiento de la distribuidora, mencionó que su presidente enfrentaba un proceso penal y adujo, entre los argumentos, el dictamen favorable de Fiscalía de Estado.
De esa manera se dispuso el desplazamiento de la cooperativa de Alberto Debandi, que a su vez está imputado en la Justicia por defraudación, a raíz de una denuncia de la comuna de Rivadavia que pide investigar el destino de unos dineros que cobró la cooperativa pero que en realidad pertenecían al municipio.
Debandi dejó la conducción de la distribuidora pero no sin presentar un amparo, cuestionando la validez del decreto. "Lo que sucede es que la cooperativa tiene otras actividades y además de la electricidad, maneja un frigorífico, un cementerio, administra un loteo y un servicio de internet domiciliario. El decreto no hacía distinción, mencionaba que estaba en riesgo el servicio eléctrico, cosa que tampoco es cierta e intervino todas las actividades, algo totalmente irregular", explicó Juan Carlos Ruiz, el abogado que tramitó la denuncia contra Pérez.
A raíz de ese amparo, presentado por el abogado Sergio Tondini, se le corrió vista a Fiscalía de Estado: "Ahí nos enteramos que en realidad, Fiscalía no ha tenido ninguna intervención en el decreto, por lo que Pérez mintió cuando aseguró que tenía a la vista su dictamen favorable para llevar adelante la intervención", dijo Ruiz y aseguró: "Hay falsedad ideológica del ex gobernador".
La denuncia incluye al interventor, que revocó de su puesto como asesor legal a Tondini: "Lo de Boverman es grave, para evitar que se lo cuestione como interventor quitó del medio al abogado que tramita el amparo. Se transformó en juez y parte", subrayó Ruiz.
- Pero el interventor ha señalado a Los Andes que desde que asumió, encontró diversas irregularidades en el manejo de la cooperativa, relacionadas con dineros que no están y con habilitaciones domiciliarias autorizadas sin los trámites correspondientes.
- Ese es otro tema, que en todo caso se resolverá en los ámbitos que corresponda. Acá lo que estamos planteando es que tanto la intervención ordenada por Pérez como las actuaciones de Boverman han sido en sí, actos ilegales y pedimos a la Justicia que se los investigue.
Situación caótica en la prestadora
Sergio Boverman, el interventor de la cooperativa eléctrica aseguró a Los Andes hace algunos días que "administrativamente, la situación de la cooperativa es caótica. Estamos tratando de determinar de manera contable el destino de algunos dineros y de ciertas inversiones financieras que se han realizado. En realidad, existen varios frentes abiertos, hay conflictos con la comuna, hay un cementerio privado que construyó esta cooperativa y que nunca funcionó e incluso hay más de un centenar de conexiones domiciliarias que se autorizaron de manera irregular".
Sobre este último punto, el interventor explicó: "Ya hemos dado conocimiento al EPRE. Se trata de conexiones domiciliarias que se aprobaron con la firma del directorio, pero que no cuentan con la habilitación municipal correspondiente, algo totalmente irregular y que deja a la cooperativa como responsable por lo que ocurra en esas casas. La verdad es que son muchos temas y hay 180 días para poner a la cooperativa en orden. Si no alcanzan vamos a pedir 180 días más".
