Por Fernando Iglesias - Periodista - Especial para Los Andes
El último presidente no peronista que terminó su mandato fue Marcelo T. de Alvear, que gobernó el país entre 1922 y 1928. Después llegó el primer golpe de Estado de la historia nacional, cuando en 1930 el general Uriburu, fundador del Partido Militar, llegó a la Casa Rosada acompañado por el entonces capitán Perón, fundador del Partido Populista.
Siguieron ochenta y cinco años en los cuales el poder político nacional se dividió entre las dos ramas del nacionalismo autoritario argentino, la elitista y la populista, con cinco golpes de Estado dados por el Partido Militar; con el Partido Populista (en 1943), contra el Partido Populista (en 1955 y 1976) o con el apoyo del Partido Populista (en 1962 y 1966), según los casos.
Finalmente, desde la recuperación de la democracia en 1983, los únicos dos gobiernos no peronistas que el país se dio sufrieron dos destituciones civiles con saqueos y complicidad policial (1989 y 2001). Ambas, con la participación probada del Partido Populista y sus dirigentes. Si no se empieza de aquí, no se entiende nada de lo que está haciendo Macri ni lo que pasa en la Afsca ni de la política argentina.
Lo digo para subrayar que asistimos a eventos curiosos; el más curioso de los cuales es un funcionario atrincherado que ha dictado el primer hábeas corpus kirchnerista de la historia. No para pedir una aparición con vida sino para resistir un decreto emanado de un gobierno constitucional y democrático. Todo ello, en nombre de una ley que dictaron pero jamás respetaron.
Para muestra, bastan unos botones: cadenas nacionales de frecuencia abusiva y usadas como propaganda partidaria, licencias vendidas ilegalmente a amigos del poder, pauta publicitaria utilizada como sistema de recompensas y castigos, televisión pública con programas goebbelianos como 6/7/8 y tantos otros abusos de la letra y el espíritu de una ley cuyo único capítulo que Sabbatella parece haber leído es el que invoca su propia continuidad.
La objeción de quienes dicen que el director de la Afsca sólo puede ser removido por el mecanismo previsto por la propia ley ignora dos hechos fundamentales. En primer lugar, las leyes no son autorreferenciales sino que se imbrican en un sistema jurídico interdependiente cuyo regulador es la Constitución Nacional. Y bien, uno de sus componentes básicos del régimen constitucional argentino, de tipo presidencialista, es la capacidad del Poder Ejecutivo para nombrar a sus funcionarios.
Que el funcionario a cargo de la Afsca sea titular de un mandato que excede el período presidencial y exija continuar una vez concluido el gobierno que lo designó es una excepción aceptable con una condición: la de que se haya desempeñado como funcionario estatal y no como soldado incondicional de una causa partidaria, que es lo que ha sido a todas luces Sabbatella, un funcionario designado por decreto y violando la cláusula que exigía “personas de alta calificación profesional en materia de comunicación social y una reconocida trayectoria democrática y republicana, pluralista y abierta al debate y al intercambio de ideas diferentes”.
En cuanto al mecanismo de remoción previsto por la ley de medios está viciado del mismo problema que la entera ley; una ley aprobada en una reunión de comisión que terminó sin quórum y fue firmada irregularmente en los despachos, con diputados opositores que tuvimos seis horas para considerar 166 artículos y más de 200 modificaciones sin tener un texto impreso a disposición.
Una ley aprobada en un recinto que la oposición abandonó para no convalidar las irregularidades cometidas en su procesamiento, y que menciona treinta y una veces al Poder Ejecutivo Nacional y ni una sola vez al Congreso de la Nación o a la oposición. Una ley que habilita a tipos como Sabbatella a “declarar la caducidad de las licencias, permisos y autorizaciones” y “aplicar las sanciones correspondientes por incumplimiento de la presente ley” pero que requiere para su remoción dos tercios de los votos de un organismo de siete miembros de los cuales cinco han sido designados, directa o indirectamente, por el mismo Poder Ejecutivo que designó a Sabbatella.
Que se haya denominado a la Afsca “ente autárquico” y se pretenda que, como tal, no esté bajo la órbita del Poder Ejecutivo, es otro de los tantos chistes de mal gusto a los que doce años de destrucción del vocabulario político nos han acostumbrado.
Mientras todo esto sucede, gentes que hasta ayer nomás defendían al régimen kirchnerista alegando que aún no habían organizado un genocidio se queja hoy de no vivir en Suecia.
Son esos que al grito de “¿Ves?, el kirchnerismo y el macrismo son lo mismo” pretenden igualar el asesinato de un fiscal que denunció a la presidenta de la Nación con un decreto de intervención por 180 días que, como corresponde, dejará la discusión de la Ley de Medios en manos del Congreso. Es que el fracasado siglo XX argentino sigue resistiéndose a la llegada de un siglo XXI que promete ser mejor, y Sabbatella es su abanderado.
Macri, por su parte, sigue demostrando que no está dispuesto a ser un nuevo De la Rúa; un presidente que si en 2001 hubiera intervenido la Provincia de Buenos Aires a la primera señal de saqueos y zonas liberadas hubiera podido completar su mandato y salvarnos de doce años de ignominia. Y es esto, la decisión de Macri de no renunciar a la disputa del poder ni dejarse correr con la República por admiradores de Carl Schmit, lo que desespera a los muchachos; no la defensa de las instituciones que redujeron a polvo hasta donde pudieron.
Es esto lo que los pone mal y les provoca atrincheramientos: tener que discutir los nombramientos de la Corte en una situación equilibrada y con dos jueces intachables ya propuestos, en vez de esperar a marzo con el cuchillo en los dientes para imponer como juez de la Corte Suprema al senador Pichetto; la salida del sistema de los medios públicos de ese artefacto calumniador de opositores que es 6/7/8 y -sobre todo- la pérdida del abundante financiamiento estatal de la militancia camporista y nuevo-encuentrista que habilitó la Ley de Medios.
Es cierto, los nombramientos de jueces por decreto y la intervención de organismos estatales no son los mejores procedimientos, y si luego de un tiempo se convirtieran en hábitos institucionales permanentes terminarían siendo la tumba de la República. Sin embargo, son hoy las únicas alternativas a disposición del Gobierno después de una década de destrucción institucional deliberada.
Para evaluar los actos de Macri no sobra tampoco recordar las condiciones en que ha asumido: un país financieramente quebrado, institucionalmente devastado, económicamente en recesión, sin reservas ni infraestructura ni energía, con el crimen organizado y la droga entrando por todos lados, más pobres que en la década del Noventa y tres generaciones de ni-ni en la marginalidad más absoluta.
Además, asume siendo minoría parlamentaria en ambas cámaras, con una Corte Suprema que lo recibió contribuyendo irresponsablemente al desfinanciamiento del Estado y, lo que es aún más difícil de contrarrestar, con un Estado enorme e ineficiente, repleto de soldados de Cristina listos a sabotear cualquier intento de gobernabilidad con la excusa de la revolución discursiva.
Por eso es bueno recordar hoy las sabias palabras del General: Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada. Y el gobierno de Macri, y del Pro y de Cambiemos, ha jugado duro pero respetando los límites legales. Que a doce días de la asunción se quejen por los resultados los mismos que después de doce años pedían que los votaran “para cumplir con lo que falta” no es más que otra de las paradojas que nos depara este país condenado al éxito.
Desde la presidencia de Marcelo T. de Alvear, 1922-1928, ningún gobierno no peronista terminó su mandato. Por eso, la primera obligación de Macri con la Democracia y la República es la de terminar el suyo. Si fracasara, se abriría un nuevo cuarto de siglo de hegemonía del que se considera el único partido que puede gobernar la Argentina.
La intervención de la Afsca, el nombramiento en comisión de dos jueces para la Corte Suprema, la decisión de no permitir el bloqueo indefinido de la autopista a Ezeiza y el levantamiento repentino del cepo deben ser vistos en este contexto y como lo que son: intentos de desactivar las bombas de tiempo económicas e institucionales que doce años de locura han instaurado.
¡Es la gobernabilidad, compañeros!, dan ganas de decirle a los muchachos. No porque no lo sepan, sino porque estamos hartos de que los responsables de un cuarto de siglo de vaciamiento material y simbólico del país nos corran con la Constitución en una mano y el Manual peronista de saqueos y destitución de gobiernos que Cristina Kirchner denunciara en diciembre de 2012, en la otra.
