Por su crisis institucional y la frágil situación social derivada, Venezuela es motivo de inquietud a nivel internacional, en especial en toda América. En ese marco, el gobierno de Estados Unidos tiene en la mira al presidente Nicolás Maduro y a varios de sus funcionarios y militares por “narcoterrorismo” y por ello ofreció recientemente hasta 15 millones de dólares por información que permita el arresto del mandatario venezolano y sus seguidores.
A la par, después desde la Casa Blanca se propuso, en términos más conciliadores, una salida democrática en el país caribeño con un gobierno de transición que surja de una elección popular en la que queden excluidos Maduro y el líder opositor Juan Guaidó.
Con el transcurso de los años, la llamada Revolución Bolivariana encabezada por Hugo Chávez se transformó en un régimen dictatorial que se abrió paso mediante el avasallamiento de libertades constitucionales y la persecución política y de los medios de comunicación independientes. Ese estado de situación se radicalizó aún más, tras la muerte de Chávez, con la asunción de su sucesor, Nicolás Maduro. Los actos electorales se realizaron mediante un sistema plagado de dudas con respecto a su transparencia. La realidad exime de mayores comentarios: millones de venezolanos huyeron de su país buscando trabajo y libertad y la situación económica en aquel país es insoportable.
En ese escenario regional de permanente discusión sobre el futuro político de Venezuela, el nuevo gobierno argentino acaba de pronunciarse a favor de una resolución “por los propios venezolanos, sin presiones ni condicionamientos externos”. Sostiene la Cancillería que es la comunidad internacional la que “tiene el deber de colaborar en el diálogo entre las partes y en la búsqueda de una salida política que lleve a la necesaria renovación institucional en el más breve plazo y con ello a la plena vigencia de la democracia y los derechos humanos, a la recuperación de la economía venezolana y al bienestar de su gente”.
Durante la presidencia de Mauricio Macri, la Argentina lideró una corriente política regional que criticó con dureza al régimen venezolano, y de algún modo condicionó el éxito de futuras relaciones bilaterales, a la asunción de un gobierno legítima y libremente elegido por el pueblo del país caribeño. En cambio, la administración de Alberto Fernández, si bien no tiende a alinearse lisa y llanamente con el régimen de Caracas, como ocurrió durante los años previos del kirchnerismo, desde su arranque es más tolerante con la gestión de Maduro, a cuya gestión no define como dictatorial sino como de rasgos autoritarios. De todos modos, los términos empleados en el comunicado recién citado dan a entender que para el Ejecutivo argentino el derrotero revolucionario venezolano está llegando a su fin.
Todas estas posturas permiten concluir que la salida democrática ordenada y con la participación de una dirigencia nueva es el rumbo correcto que debe aceptar la sociedad venezolana, con el propósito de dejar atrás décadas de oscuridad. Pero ese paso de ninguna manera lo puede plantear en forma unilateral Estados Unidos. El poderío económico del país del Norte puede conducir a especulaciones vinculadas con otro tipo de intereses sobre Venezuela, pudiendo opacar la imprescindible salida que se pretende. Es la comunidad internacional la que debería respaldar un proceso institucional tan importante como necesario.
