No me preocupa el impacto del caso Maldonado sobre el voto. Me horroriza el panorama desolador que ha revelado y los años que llevará arreglar todo lo que está mal.
No sólo reconstruir un país devastado en su capital energético, de infraestructura, educativo y social; sino también invadido por la demencia. En sus instituciones, sus funcionarios, sus comportamientos y sus valores.
En primer y destacadísimo lugar, la Justicia. No sólo los tribunales que se dedicaron por años a defender la impunidad sino jueces designados durante el actual período de gobierno. Como Gustavo Lleral, a cargo de la causa Maldonado después de la remoción del juez Otranto.
Repasemos los hechos: Otranto fue apartado de la causa Maldonado por la Cámara de Comodoro Rivadavia por pedido de la familia y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), dirigido por Horacio Verbitsky, que alegaron supuesta parcialidad.
Ocurrió después de un reportaje concedido por Otranto a La Nación en el que el juez descartó la hipótesis de la "desaparición forzada" sostenida por el CELS y afirmó que creía que Maldonado se había ahogado en el río.
A los jueces de la Cámara de Comodoro Rivadavia -Leal de Ibarra, Suárez y Corchuelo de Huberman- no se les ocurrió indagar porqué, si Otranto estaba convencido de esa hipótesis, nunca había impuesto rastrillar el río usando todo el tiempo necesario y todos los medios disponibles.
Acaso, porque aceptaron el criterio demencial de que un grupo que ha usurpado parte del territorio nacional tiene el derecho de detener una investigación judicial en lo que considera sus tierras y aguas sagradas.
De manera que la Cámara de Comodoro Rivadavia no solo no emplazó a Otranto a avanzar en su investigación según la hipótesis en la que creía sino que lo destituyó a pesar de que, como declararon en su resolución, "no existen elementos que nos permitan abrigar duda acerca de la honestidad intelectual y apego al cumplimiento de sus funciones del juez Otranto, mas dicha circunstancia no resulta óbice para resolver del modo que lo hacemos". ¿Por qué motivo desplazar a un juez intelectualmente honesto y apegado al cumplimiento de sus funciones? Misterio. ¿Cómo es posible que esas cualidades "no resulten óbice" para apartarlo de una causa? Más misterio.
Así fue que el juez Lleral llegó a la causa Maldonado y menos de un mes después, en vísperas de elecciones cruciales, encontró un cuerpo en el río; el lugar en el que Otranto suponía que estaba Maldonado. Dato importante, el viernes 13 Lleral solicitó gabinetes de criminalística, un equipo de Prefectura, buzos y perros adiestrados para rastrillar el río Chubut con el pedido específico de que tenían que estar allí el martes 17.
Después, en pocas horas, halló el cuerpo sin necesidad de rastrillar demasiado. ¿Recibió el juez información que indicara la presencia del cuerpo en un lugar preciso? Y, si así fuera, el que brindó esa información, ¿por qué lo hizo de manera anónima, renunciando además a los dos millones de pesos que ofrecía el Gobierno como recompensa? Son preguntas que carecen, por ahora, de respuesta.
Lo que sí se conoce son las declaraciones hechas por Lleral la misma noche del hallazgo: "Esto [el hallazgo del cuerpo] se logró luego de un extenso diálogo con la comunidad que ocupa el lugar, de tratativas con ellos y con respeto de mutuo de las decisiones".
¿Respeto mutuo de las decisiones entre un juez federal a cargo de un posible crimen y un grupo de individuos que nada autorizaba a considerar ajenos al hecho? Son declaraciones que califiqué y califico de demenciales; es decir: carentes de toda razonabilidad.
Como si fuera poco, el juez Lleral tuvo la amabilidad de aclarar qué significaba ese "respeto mutuo de las decisiones": el "compromiso de parte de las fuerzas que iban a intervenir, por orden mía, sin ningún tipo de armamento"; es decir: la imposición de condiciones al Poder Judicial y las fuerzas de seguridad nacionales por parte de un grupo que se arroga el control de un territorio. ¿Con qué criterio ordenó el juez a las fuerzas de seguridad presentarse sin armas ante una comunidad conocida por sus comportamientos violentos? ¿No es clara su renuncia a las responsabilidades y deberes específicos de su cargo? ¿A qué queda reducido el estado de derecho cuando un grupo se arroga poder de policía sobre un territorio y un juez les reconoce esa potestad y hasta se jacta de establecer "tratativas" basadas en el "respeto de mutuo de las decisiones"?
Insatisfecho con lo hecho, Lleral agradeció a la comunidad mapuche por permitir el acceso a su territorio sagrado y destacó la colaboración prestada "desde un primer instante". ¿Desde un primer instante? ¿Qué quiso decir el juez con "desde un primer instante"? No parece que se refiriera al primer instante de las investigaciones de Otranto, cuando las búsquedas de las fuerzas de seguridad fueron repetidamente interrumpidas por las amenazas de la Resistencia Ancestral Mapuche y su exigencia de respetar tierras y aguas "sagradas".
¿Se entiende la dimensión de la demencia? Un grupo de individuos conocidos por el ejercicio de la violencia política impidió por meses que se investigara a fondo un territorio nacional en busca de la resolución de un caso que conmociona a un entero país y, en lugar de perseguirlos por obstrucción a la Justicia un juez federal trató con ellos y les agradeció cuando dejaron de hacerlo.
Las consecuencias de la estrategia de Lleral se vieron enseguida: miembros de la comunidad mapuche controlando el acceso de las fuerzas de seguridad a un territorio nacional y palpando de armas a sus integrantes, efectivos denunciando que tuvieron que desarrollar sus tareas custodiados por personas encapuchadas y pertrechadas con palos y armas blancas, apedreo a funcionarios que acudieron al lugar por parte de quienes se habían pasado dos meses reclamando la presencia del Estado, negativa a que el propio juez volviera para tomar muestras del agua y acusaciones de encubrimiento a un gobierno cuyas fuerzas de seguridad colaboraron siempre en las operaciones que llevaron al hallazgo del cuerpo durante la semana anterior a las elecciones.
Agrego. No sabemos aún qué pasó con Santiago Maldonado, pero parece haber hoy dos posibilidades: o se ahogó escapando de Gendarmería, o sufrió algún tipo de agresión. En este caso, debió ser alguien que estaba allí; es decir: un miembro de Gendarmería o de la Resistencia Ancestral Mapuche.
Esta última hipótesis no puede ser descartada sin razón por ningún juez; en primer lugar, porque la RAM lleva años ejerciendo la violencia y porque recientemente sus miembros cometieron actos que los hacen doblemente sospechosos: obstrucción a la Justicia, agresión a funcionarios, resistencia a la autoridad, falso testimonio.
Y bien, el juez Lleral aceptó que le impusieran que los prefectos y bomberos que llevaron a cabo la inspección del terreno estuvieran desarmados junto a ellos, y todo terminó en una nueva agresión a funcionarios en cumplimiento de su deber.
¿Qué habría pasado si uno de ellos hubiera sido muerto en esos incidentes? ¿Cómo es posible que un juez desarme a las fuerzas de seguridad ante sospechosos armados? Llamarlo demencial, es poco.
Según la Real Academia de la Lengua Española, la "demencia" es "locura, trastorno de la razón, deterioro progresivo de las facultades mentales que causa graves trastornos de conducta". A eso asistimos.
A un revival farsesco de los Setenta. A un concierto de irracionalidad y subversión del estado de derecho que solo puede suceder -y hasta parecerles normal a algunos- en una nación devastada por un cuarto de siglo de populismo. Un país demencial donde las más elementales normas de convivencia civil y democrática vacilan en manos de funcionarios corruptos o alucinados.
Una radiografía grotesca de todo lo que está mal en la Argentina; de todo lo que queremos dejar definitivamente atrás junto a la violencia política y la muerte en estos días de consternación y pena.
