Tras el amplio triunfo, Michelle Bachelet tendrá que enfrentar demandas sociales y un debate para cambiar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.
Las multitudinarias protestas de los estudiantes en 2011 abrieron paso a una particular primavera de la clase media chilena, que demanda un estado más fuerte y protector, junto a educación y salud pública gratuita y de calidad.
Pero no se trata de derribar todo, sino de corregir las inequidades de un sistema económico y político que cosecha elogios pero que arrastra una enorme desigualdad social.
“Es una demanda para construir un sistema político y económico que apunte más hacia la inclusión. No es gente que dice botemos (eliminemos) el sistema; es gente que dice: yo quiero participar de este sistema”, señala Robert Funk, politólogo de la Universidad de Chile.
El anhelo de cambio se da en una sociedad con un fuerte desencanto con la política y en la que la mitad del electorado no concurrió a votar en la primera vuelta del 17 de noviembre, cuando Bachelet se impuso holgadamente por un 46,6% de los votos, aventajando por 21 puntos a Matthei, que obtuvo el 25,1%. Bachelet propone reformas al sistema educativo y tributario y un cambio de Constitución, en busca de corregir el modelo económico y político legado de la dictadura de Pinochet.
Debate Constitucional
Este nuevo gobierno deberá “consolidar un programa de reforma en áreas sensibles hoy en Chile, como el cambio del sistema electoral, la superación de la Constitución de 1980, y la modificación del sistema de vetos que existe para hacer reformas de gran envergadura”, señaló el politólogo de la Universidad de Santiago, Marcelo Mella.
La composición del nuevo Congreso, elegido en paralelo a la primera vuelta, le otorga a Bachelet mayoría simple en ambas cámaras en caso de resultar electa, pero le falta la mayoría de dos tercios para cambiar la Constitución. El quorum es deliberadamente alto y fue establecido por la dictadura precisamente para limitar los cambios.
Bachelet dispone de fuerza parlamentaria para su reforma tributaria que busca recaudar el 3% del PBI a través del aumento del impuesto a las empresas, desde un 20 a un 25%, evitar la evasión y crear una administradora de pensiones estatal que compita con las privadas.
También para hacer realidad la reforma educativa que quiere acabar con el lucro de colegios con fondos públicos y garantizar la universidad gratuita.
La incorporación al Congreso de la llamada 'bancada juvenil', formada por exlíderes estudiantiles como las comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola, y los independientes Giorgio Jackson y Gabriel Boric, podría ser decisiva en la aprobación de estas reformas.
