El ministro de Salud de Santa Fe, Miguel González, anunció que demandará a un laboratorio de la provincia de Buenos Aires por intentar desviar a Venezuela, con una millonaria sobrefacturación, antibióticos destinados a hospitales públicos.
González aclaró que la supuesta maniobra no causó un daño económico a la Provincia porque ese tipo de compras por licitación se pagan tras la entrega del producto, lo que nunca ocurrió porque las partidas iban a ser enviadas a Venezuela.
"Los medicamentos no fueron ingresados (a la Provincia). En las licitaciones se certifica el ingreso del medicamento y después se abona, por lo que no estamos damnificados desde un punto de vista económico, pero se nos nombra en una situación irregular y pretendemos llegar al fondo de esta cuestión", explicó el funcionario, en declaraciones radiales.
El Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) perteneciente al Estado santafesino realizó hace unos meses una licitación para la compra de una serie de fármacos, entre los que se encontraban unos 104 mil comprimidos de ciprofloxacina 500, un antibiótico contra las infecciones urinarias y gastrointestinales, que iban a ser destinados a hospitales públicos de toda la provincia.
La licitación fue ganada por el laboratorio Klonal, que cuenta con más de 30 años de experiencia en el rubro y tiene su planta en el partido bonaerense de Quilmes.
La cartera de Salud de Santa Fe, que iba a abonar 112 mil pesos a Klonal, inició una serie de "intimaciones vía correo e incluso a través de carta documento" al laboratorio porque "la demora complicaba" el abastecimiento en los centros de salud, relató el ministro.
Pero a fines de abril pasado, personal de Aduana del aeropuerto de Ezeiza incautó un cargamento de medicamentos con destino a Venezuela por varias irregularidades, entre ellas, que toda la partida llevaba rotulada la leyenda "Gobierno de Santa Fe, distribución gratuita".
Además, se detectó una sobrefacturación porque el permiso de embarque indicaba un valor declarado de la mercadería de casi 13 millones de dólares, sin embargo la factura emitida por el laboratorio al exportador era de sólo 11 millones de pesos, lo que arrojaba una sobrefacturación de más de 176 millones de pesos, según cálculos oficiales.
Aparentemente, los medicamentos estaban destinados al Ministerio del Poder Popular para la Salud de la República Bolivariana de Venezuela, un organismo que administra el presidente de ese país, Nicolás Maduro.
