Está en sus comienzos una nueva administración en la provincia y con ella la renovación de la esperanza de la mejora de la situación general en el terruño que habitamos y propender a que la vida de las personas adquiera nuevos cauces y mayores expectativas de plenitud.
Uno de los condicionantes para permitir que la comunidad se desarrolle con posibilidades es alcanzar metas deseables en materia de seguridad, que es un renglón que no siempre nos ha favorecido a los mendocinos.
Recientes estadísticas que surgieron de registros del Ministerio Público Fiscal en todo el territorio, revelaban que las denuncias por delitos se mantenían altas en el Gran Mendoza y la Zona Este. Así las cosas, Maipú y Luján de Cuyo tienen el triste privilegio de ser las jurisdicciones con más hechos ilícitos denunciados en las oficinas fiscales: entre las dos jurisdicciones sumaron 4.813 episodios.
En cantidad, le seguían, según el relevamiento consignado, Guaymallén (3.911); San Martín-La Colonia, Junín (3.642) y las Heras-Lavalle (3.280).
Por su parte hay que considerar además, que no siempre se comunica todo lo que ocurre. Una encuesta nacional de victimización, difundida no hace mucho por el Indec, revelaba que en todo el país sólo es denunciado un tercio de los delitos.
Si bien el panorama no es halagüeño, si se comparan las cifras con las de hace tres años, la cantidad de denuncias disminuyó. Este panorama está asociado a la labor que realizan los preventores en algunos lugares, alertando a las fuerzas policiales sobre distintos sucesos sospechosos y, de esa forma, abortando algunas intenciones delictivas.
Ha colaborado también a una cierta mejoría en el panorama bajo análisis la distribución de las oficinas fiscales en las diferentes circunscripciones y la capacitación de su personal (robos de automotores, violencia de género, sustracciones con violencia y uso de armas, robos simples, etc.), como así también las reformas judiciales impulsadas por la anterior gestión para combatir el delito. En este último aspecto se destaca la aplicación de la figura de “reiterancia”, que es cuando un imputado que tiene antecedentes queda arrestado.
La administración que encabeza Rodolfo Suárez ha confiado esta ‘brasa caliente’ -apuntalar la seguridad- a un hombre experimentado, Raúl Levrino, al que habrá que conceder una cuota de confianza inicial en el propósito de reducir la inseguridad y desalentar el delito. El mismo funcionario ha considerado compleja la tarea asignada.
Anunció la puesta en marcha de un observatorio provincial de seguridad ciudadana, que deberá proporcionar datos certeros y medibles para realizar diagnósticos de zonas peligrosas y tomar decisiones.
También se promete modernizar los equipamientos de lucha contra los marginales, implementando, entre otros aspectos, un sistema conocido como Ojos en alerta, que se activa en los dispositivos electrónicos que tienen autos patrulleros y bases policiales y comunica al 911 emergencias o hechos contra la ley, en curso.
Además, el flamante ministro ha pedido la participación del vecino en esta cruzada para enfrentar la criminalidad, y para ello los ciudadanos que estén interesados en colaborar serán capacitados aunque, por supuesto, nunca expuestos al enfrentamiento contra el malhechor.
Habrá que ver entonces si se cumplen las condiciones para que las diferentes promesas y anuncios se materialicen y se progrese en el desaliento o la disminución de robos, hurtos y asaltos a mano armada, que son los delitos que más se cometen.
