Del logro al costo político - Por José Luis Toso

¿En el oficialismo subestimaron el alcance de las protestas contra la reforma minera? Mal diagnóstico sobre la pregonada licencia social. 

Del logro al costo político - Por José Luis Toso
Del logro al costo político - Por José Luis Toso

En menos de una semana el gobernador Suárez vio como un logro político (no logro social) se transformó en una embestida popular muy fuerte y totalmente adversa a sus pretensiones.

Las primeras horas posteriores a la rápida aprobación legislativa de la reforma de la ley 7.722 mostraron la más veloz aún reacción de sectores opuestos a la minería metalífera que se movilizaron y llegaron a montar frente a la Casa de Gobierno una concentración acreedora del mayor respeto. Además, la simultánea presencia de gente expresándose en contra de la reforma minera en distintos departamentos le demostró al titular del Ejecutivo y sus ministros que un indudable error de cálculo sobre la magnitud de la reacción popular podía opacar fácilmente, y lo hizo, la ambiciosa iniciativa gestada con el anhelo de aportar a la producción y a la generación de empleo a partir de la liberación de la minería.

Probablemente haya habido un asesoramiento erróneo que basó la medición del pretendido éxito político en el numeroso respaldo legislativo a la flexibilización de la ley 7.722. Si bien la Legislatura fue vallada aquel viernes 20 como para contener un elevado clima de tensión, en el imaginario de la usina estratégica del oficialismo probablemente se haya especulado con una reacción de relativa magnitud. No fue así; la queja multitudinaria no se concentró únicamente junto a las rejas que rodearon el edificio legislativo; el clamor se volvió difícil de manejar, no sólo en las calles y rutas sino, además, en las redes sociales y en muchos lugares públicos.

El Gobernador admitió su sorpresa durante la conferencia de prensa en la que anunció su decisión inicial de suspender la reglamentación de la ley reformista, gesto que resultó insuficiente para calmar los ánimos de la gente y erradicar la desconfianza. Explicó allí que tanto en las recorridas y debates de la campaña como en distintas entrevistas periodísticas que otorgó como candidato nunca se le efectuó un planteo fuerte que saliera al cruce de su decisión de fomentar la actividad minera. Además se amparó en la similar postura que efectuó, también en la campaña, su principal rival en las elecciones de setiembre, Anabel Fernández Sagasti.

Recién en la noche de este viernes, cuando ya no tuvo otra opción que anunciar su decisión de pedir la derogación de la nueva ley 9.209, admitió Suárez que era necesario escuchar el reclamo de tantísimos sectores de la sociedad mendocina.

Blanqueó así el mal diagnóstico sobre el escenario que hallaría y también que la instancia de diálogo que planteó un día antes, cuando pretendió calmar los ánimos sólo con la promesa de no reglamentar la ley, debió ser un paso previo y preparatorio del debate político que debía, en todo caso, darle formalidad y legalidad a la nueva instancia minera. Todo se planteó tarde.

Ni siquiera pudo mantener el respaldo del justicialismo, fundamental para garantizar los votos en el recinto de sesiones. El principal sector de la oposición se apartó ante la reacción de la gente y también se amparó en la tibia postura del ministro nacional Cabandié con respecto a la situación minera en Mendoza, contrastante con aquel apoyo público inicial del presidente Alberto Fernández.

¿Hay todavía un justicialismo legislativo y otro territorial, de los intendentes, con dos posturas tan diferentes? Más bien se puede pensar en una estrategia rápida, como la que no tuvo el oficialismo, para salir del aprieto a través de los “caciques” como receptores directos del malestar popular. A ellos se sumaron luego paulatinamente los intendentes del oficialismo para concluir en el cónclave de Suárez con los representantes de los 18 departamentos para darle sustento y respaldo a la decisión de derogar la ley que produjo la tormenta.

Para varios radicales la derogación fue lo mejor de lo peor, ya que la idea del plebiscito vinculante que lanzó el jefe del Ejecutivo el jueves, con tanta acción en contra hubiese derivado casi seguramente en una derrota contundente para el Gobierno. Además, había que medir el costo real de una campaña seguramente cara en pesos, desgastante y prolongada. Y aquí se vuelve a plantear que lo más correcto hubiese sido sentar a una misma mesa a los que tuvieran representación de los sectores involucrados para a partir de ahí administrar el debate y buscar llegar a una conclusión. El indudable peso de la defensa del agua, totalmente válido para cualquier mendocino, probablemente se hubiese impuesto, también, sobre las ambiciones empresarias mineras, pero el saldo no hubiese sido ni la confrontación ni el desgaste político para quien proyectó la reforma.

Cuando se concrete la derogación de la ley del conflicto en el oficialismo esperan saborear algo calma política. Pero habrá que ver cómo quedaron los ánimos en el abanico partidario que conforma la Legislatura luego de este paso en falso que dio el gobierno de Suárez.

El orden de prioridades que sigue empieza con el paquete presupuestario, que el Ejecutivo espera tener ya aprobado en los primeros días de enero. Si Suárez no hubiese priorizado la fallida reforma minera, muy probablemente ese conjunto de leyes estaría mucho más avanzado en su tramitación.

Uno de los aspectos más importantes allí es la necesidad de financiamiento que plantea el nuevo gobierno en medio de las dudas y críticas por el nivel de deuda que la oposición objeta a la gestión anterior. El requerimiento constitucional de mayoría especial en ambas cámaras para lograr su aprobación tal vez sea una de las claves.

En carpeta también aparece la discusión paritaria con los estatales, ahora con la cláusula gatillo de actualización salarial, creada por la gestión de Cornejo, puesta en tela de juicio por la actual administración en virtud de la difícil coyuntura. Salvando distancias, el antecedente de la protesta que gana las calles y fuerza un cambio de rumbo puede ser tenido en cuenta por quienes no logren consensuar con el Gobierno.

Suárez deberá medir el alcance del daño político que le generaron una oposición justicialista cambiante, aunque también pague su costo por ello, y estrategas propios con mal diagnóstico del humor social ante iniciativas arriesgadas y claramente a destiempo.

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