Estamos transitando la más profunda crisis política, económica y social conocida en el país desde el año 2001. El presidente Macri y la alianza Cambiemos han impuesto un modelo económico neoliberal a ultranza que ha provocado una fenomenal transferencia de recursos desde los sectores populares y medios hacia los grupos concentrados de la economía y, al mismo tiempo, ha dañado gravemente las capacidades productivas de la economía nacional e impactado en las condiciones de vida de la mayoría de las familias argentinas. El fracaso de tales políticas resulta evidente. La sensatez aconsejaría al Presidente modificar de raíz las políticas que se están llevando adelante, especialmente en materia económica. Sin embargo, la reafirmación del rumbo por parte de la alianza gobernante impide la adopción de políticas que posibiliten iniciar un camino de salida de la crisis.
A este complejo panorama se suma la grave afectación de las condiciones de diálogo político, a partir del sostenimiento por parte del presidente y de sus socios de una dialéctica y acción estigmatizadora hacia las expresiones más genuinas de la oposición. El extremo maniqueísmo presidencial, practicado en Mendoza con virulencia por el gobernador Cornejo, no favorece el logro del declamado objetivo oficialista de “unir a los argentinos”.
En mi opinión, habría bastado con un rotundo y oportuno cambio de las políticas económicas y una significativa modificación del clima político para poder comenzar poner fin a la crisis. Son decisiones que podría haber tomado el Presidente y que contarían con un mayoritario acuerdo en el Congreso Nacional: poner fin a un modelo económico centrado en la especulación financiera, las súper ganancias de las empresas energéticas y los beneficios exorbitantes para los exportadores de granos; la adopción de políticas en favor de la producción nacional y de promoción del consumo a través de la recuperación del salario de los trabajadores y los ingresos de los jubilados; la adopción de políticas de mayor autonomía respecto de los factores de poder político, económico y financiero internacionales, entre otras medidas centrales. Sin embargo, está claro que el gobierno decidió no transitar ese camino. Ante tal situación no le ha quedado al gobierno otra salida que la promoción de un acuerdo con sectores de la oposición dispuestos a sostener las actuales políticas, tal cual fue plasmada en el acuerdo de diez puntos lanzado unilateralmente por el presidente Macri. Concebido como un contrato de adhesión al programa neoliberal del gobierno y no como un amplio acuerdo nacional, esta iniciativa puso inmediatamente en evidencia que la movida pretende ser una acción para estirar la agonía y esperar el milagro de un triunfo del oficialismo en las próximas elecciones.
En el actual estado de situación se requerirá de un amplio acuerdo nacional con un renovado contenido político, económico y social, sin precondiciones y que signifique dejar atrás el modelo imperante. Desde la oposición han surgido planteos de ese tenor que nos hacen avizorar una posible salida al laberinto en el que estamos. Cristina Fernández de Kirchner ha propuesto un “nuevo contrato social de responsabilidad ciudadana”, otros dirigentes propician políticas de “consenso” aparentemente en un sentido similar. Quien ocupe la presidencia a partir de diciembre deberá abordar esa tarea y demostrar capacidad para promover y alcanzar un gran acuerdo nacional. Macri ya demostró que no califica para esa misión que demanda estadistas.
