Una vez terminado el acto electoral de este domingo, el presidente Macri deberá seguir gobernando dos años más y en este período deberá afrontar una serie de problemas.
El tema es que tiene demandas de algunos sectores que le piden que no avance en el retiro de subsidios, mientras los sectores financieros le reclaman que avance con mayor fuerza aprovechando el caudal electoral que puede obtener.
Desde los sectores opositores siguen con la cantinela del ajuste, cuando el gobierno sigue expandiendo el gasto público, sobre todo el gasto social, mientras que desde sectores empresarios le piden que baje impuestos, que haga reforma laboral y que elimine el déficit.
Pero nadie hace la cuenta para darse cuenta de que la ecuación no cierra si, además, sigue la presión para que el cambio sea gradual.
El presidente tiene prevista una reunión con los gobernadores, ya que son los actores principales con los cuales deberá negociar el programa de la reforma impositiva que incluye, además, una modificación parcial del régimen de coparticipación.
Digo parcial porque lo único que se puede resolver es modificar la masa primaria, es decir, lo que se reparte entre todas las provincias ya que la distribución secundaria es muy compleja y requiere una reforma constitucional.
El tema que se deberá abordar es el del Fondo del Conurbano, que puede generar una fallo de la Corte Suprema a favor de la provincia de Buenos Aires.
Pero esto es sólo el comienzo. Por lo pronto, parece que han decidido ser muy cautelosos con los aumentos de tarifas ya previstos en las audiencias públicas ya desarrolladas. No quieren seguir pegando sobre los índices inflacionarios para no repetir el 1,9% de setiembre.
Aparentemente, el ministro Aranguren habría decidido llamar a nuevas audiencias públicas para revisar los aumentos que ya se habían anunciado. El argumento es que es razonable revisar los componentes de los costos tarifarios.
Con todo esto, es probable que los aumentos previstos para este fin de año se trasladen al año próximo y se asegurarían un cierre no tan lejano con las metas del Banco Central.
Evidentemente, el gobierno está preocupado por mostrar índices pero el problema es que el mercado interpreta estas decisiones como anabólicos, similares a los que se usaban en el gobierno de Cristina Fernández, ya que no se soluciona el problema y, además, obliga a sostener el déficit y a tener que tomar más deuda para financiarlo. Además, pagar los intereses devengados por el nuevo endeudamiento.
Presión por el déficit
Los sectores financieros son los que más están presionando por la reducción del déficit fiscal con mayor fuerza del que puedan hacerlo respecto de otros países. El problema argentino es la historia y todos se toman el derecho de no creer.
Cada logro del gobierno es seguido por una nueva presión y nuevas expresiones de desconfianza, lo que se ve reflejado en los niveles de tasas de interés que Argentina tiene que pagar en cada colocación de deuda.
Si se recorren los últimos dos años, el gobierno tomó una serie de decisiones que eran necesarias, pero que el mercado le reclamaba.
El arreglo de la deuda con los holdouts, la liberación del cepo comercial y del cepo cambiario, la fijación de un tipo de cambio libre y otras decisiones reclamadas por los mercados, cada vez que llegaban, eran seguidas por nuevas demandas que justificaban que no llegaran capitales.
Los tiempos políticos a veces condicionan a los gobiernos mientras las demandas de los mercados financieros van a otro ritmo. El problema argentino es haberse transformado en excesivamente dependiente de los mercados financieros y cada vez que el gobierno cumple con exigencias, los financistas agregan otras nuevas, como corriéndole la zanahoria, para justificar la ausencia de las inversiones prometidas.
El tipo de cambio
A pesar de que muchos aceptan que el tipo de cambio no tiene muchas perspectivas de crecer como querrían los empresarios exportadores, dado el ingreso de dólares financieros que presiona el valor a la baja, el reclamo por una corrección del tipo de cambio es constante debido al deterioro que la inflación genera sobre los costos y su impacto sobre la competitividad de nuestras exportaciones.
Esto se da en forma más marcada en las economías regionales.
De todos modos, dado que hay una correlación muy grande entre devaluación e inflación, los más cautos piden prudencia. No obstante, están muy alertas por los movimientos que pueda hacer la Reserva Federal de EEUU.
Este organismo cambiará su presidente hacia fin de año y se especula que las nuevas autoridades serían de la opinión de subir la tasas, aunque se duda de la velocidad a la que podría registrarse dicho movimiento.
La caída de los niveles de exportaciones y el aumento de las importaciones muestra un claro atraso del tipo de cambio. Como todos saben que un movimiento brusco sólo provocaría reacciones inflacionarias, apuran la presión para bajar costos internos, entre ellos reforma impositiva y laboral, pero eso choca con el objetivo de bajar el déficit en el corto plazo.
Reformas pendientes
La reforma impositiva es fundamental para la mejora competitiva, pero requiere de una ingeniería muy compleja. Los impuestos nacionales que pueden tocarse son, la mayoría, coparticipables y las provincias no quieren que les saquen recursos. Éstas piden eliminar el impuesto al cheque, porque casi no reciben nada, pero es una fuente de ingreso muy grande para la Nación.
La nación quiere que las provincias bajen o eliminen ingresos brutos, a lo que las provincias les responden que es imposible, salvo que se aumenten los fondos de coparticipación.
Todo parece un laberinto que llega al mismo lugar y no tiene salida alternativa. De una buena gestión negociadora dependerá el futuro porque el problema de unos es el problema de todos.
La reforma laboral es otro de los temas pendientes y es uno de los puntos donde los empresarios ponen el acento, aunque los sindicatos tienen mucha desconfianza respecto de los alcances que se pretenden.
Sin dejar de lado derechos básicos, ambas partes deben sentarse a trabajar sobre un modelo de relaciones laborales más modernas pero, además, hay que comenzar a sacar intermediarios que se prenden a la nómina salarial y se llevan el 50% del costo laboral.
