En su mensaje ante las Cámaras legislativas, el 1° de mayo, el gobernador Francisco Pérez manifestó conocer “perfectamente” el déficit habitacional de la provincia, asegurando que es una de las “grandes deudas” que los gobernantes tienen para con la sociedad. Señaló que deben implementarse medidas y acciones para que cada familia cuente con las herramientas lo suficientemente ágiles y posibles para aspirar a la casa propia.
El tema viviendas fue uno de los que ocupó mayor espacio en su discurso y, en ese marco, destacó que a través de la puesta en marcha del Plan Estratégico de Viviendas 2012-2016, se encuentran en construcción 2.273 viviendas y que se han licitado para su construcción otras 2.107.
Expresó que gran parte del empréstito que tomará la provincia será destinada a la construcción de unidades habitacionales, mientras paralelamente diseña una acción conjunta entre la Provincia y el Banco Nación a fin de crear un fideicomiso que otorgará créditos individuales destinados a la construcción o ampliación para familias con ingresos superiores a los 6 mil pesos por grupo familiar, con tasa fija en pesos y un plazo de cancelación de 20 años.
Con sus palabras, el mandatario provincial no hizo más que reflejar una realidad incontrastable: el déficit habitacional en Mendoza ha crecido en las últimas décadas, más allá de las distintas gestiones gubernamentales. Con otro aspecto no menos inquietante, como es el hecho de que alcanza a los distintos niveles de la sociedad, afectando tanto a las familias de escasos recursos como a las consideradas de clase media, que si bien cuentan con salarios más importantes no les alcanza para hacer frente a las posibilidades de construcción de su vivienda por esfuerzo propio.
Así entonces, las necesidades de unidades habitacionales va creciendo de un modo casi exponencial, mientras no aparecen en el horizonte planes que permitan alcanzar soluciones ni en el corto, ni en el mediano, ni tampoco en el largo plazo.
La implementación de planes a través del Instituto Provincial de la Vivienda no alcanzaron para hacer frente a la problemática. Sólo cabría recordar que las villas inestables que actualmente pululan en los alrededores de la ciudad comenzaron a aparecer a principios de la década del 60, con las primeras viviendas precarias en lo que es hoy el barrio San Martín. El crecimiento que se observaba determinó que se establecieran planes, denominados “de erradicación de villas inestables” o “barrios por ayuda mutua”, como sucedió con el barrio La Gloria, que en un principio comenzó con la entrega de lotes y materiales, mientras la mano de obra quedaba en manos de los futuros adjudicatarios.
Por diferentes motivos, esencialmente económicos, la construcción de barrios, tanto para familias de escasos recursos como para la clase media, se desaceleró. Ello generó paralelamente que crecieran las villas ocupando terrenos, tanto públicos como privados, y que resulte muy difícil de recuperar, como sucede con las tierras que la UNCuyo posee y que debió “pactar” con los ocupantes a los efectos de dejarlos allí hasta que se alcance una solución, por parte del IPV.
El problema de la vivienda es complejo y necesita de fuertes inversiones, aún a sabiendas de que la solución definitiva resultará difícil de alcanzar. Pero mientras se buscan los posibles caminos, es necesario que se mantengan los controles para evitar las ocupaciones de terrenos, tanto estatales como privados. Es importante también que las autoridades conozcan el problema y sean conscientes de que hay que trabajar, y mucho, para al menos mitigar la importante carencia de viviendas en la provincia.
