Por Rodolfo Cavagnaro - Especial para Los Andes
A medida que el gobierno trata de avanzar en las reformas necesarias para bajar el abultado déficit fiscal, se fue encontrando con resistencias sociales u oportunismos políticos que lo van trabando en el cumplimiento de sus metas.
Luego de los anuncios retirando porcentajes de subsidios a los servicios de luz y gas, se produjeron reacciones por parte de los consumidores, que llevaron al gobierno a poner un tope a los ajustes, más allá de las tarifas sociales. Así, hay tarifas preferenciales para clubes de barrio y ahora las pymes quieren lo mismo.
Lo mismo ocurrió con el gas, aunque acá fue más drástico porque se eliminaron todos los subsidios, incluidas zonas que tenían tarifas especiales, con mayores subsidios. En todos los casos, las quejas fueron muy grandes y hasta se generaron problemas dentro del gobierno por la forma en que se han practicado los ajustes.
El problema es que con el esquema actual y aún con quejas de los consumidores, sólo se ha disminuido un 16% el monto de los subsidios a la energía, mientras que en el caso del transporte público, los mismos han aumentado. Tan pequeña es la disminución que es más probable que el déficit, en lugar de bajar, aumente.
Si el déficit no baja hay que financiarlo con emisión monetaria y, en ese caso, se sigue alimentando la inflación. Los que se quejan por las tarifas también reclaman bajar la inflación, pero no se dan cuenta de que lo último no se puede conseguir si no se eliminan los subsidios.
Con minoría en el Congreso, el gobierno se enfrenta a los reclamos fogoneados por la oposición, que trata de generar caos social para aprovecharlo como ventaja política. Por el momento, el déficit y la inflación quedan postergados. El gobierno intentará aplicar nuevos anabólicos para tranquilizar el síndrome de abstinencia de la población.
