En Argentina tenemos la costumbre de repetir ciertos términos como un latiguillo sin ahondar en su verdadero significado. Uno de esos términos es federalismo, término vago para la mayoría pero profundamente significativo desde el punto de vista institucional, ya que el sistema federal es parte de la forma de gobierno instituida por la Constitución Nacional.
El sistema federal implica que hay 24 Estados autónomos (las provincias) que conviven bajo un mismo territorio, que tienen su propia Constitución y leyes y ceden a la Nación, Estado constituido por todas las provincias, las facultades de representarla en las relaciones exteriores, organizar la defensa nacional, dictar los códigos de fondo (civil, penal, laboral y comercial) y acuñar moneda unificando el sistema monetario.
Pero con esto solo no alcanzaba y, por eso, la misma Carta Magna plasmó los elementos básicos que le dan sustento y consiste en establecer cuáles serán los recursos de naturaleza provincial y los de naturaleza nacional. Justamente, la autonomía provincial se sustenta en la disponibilidad de recursos propios. Ésa es la base del sistema federal.
No obstante, casi desde el inicio de nuestra vida institucional, se fueron vulnerando los límites por excesos en el gasto público del gobierno nacional. También las provincias se vieron en las circunstancias de aumentar sus gastos, aunque, en un principio, los servicios de salud y educación eran nacionales.
Lo cierto es que el sistema se fue desvirtuando: la Nación comenzó a aplicar impuestos que eran de jurisdicción provincial y, ante los reclamos provinciales, se decidió ingresar a un sistema de reparto, que dio lugar a la Coparticipación Federal de Impuestos.
Esta forma es una implícita desvirtuación de la esencia del sistema federal porque es la manera en que la Nación usa recursos para clientelismo, mientras muchos gobernadores prefieren recibir dádivas a cambio de su alineamiento.
Además, muchos mandatarios provinciales quieren tener rédito político por gastar pero no quieren asumir el costo político de cobrar. Por eso los recursos propios son muy bajos y dependen de las transferencias de la Nación.
Cuando se celebró el acuerdo entre la Nación y las provincias, por el cual se les comenzó a devolver el 15% que se había retenido ilegalmente, los mandatarios provinciales exigieron, además, mayores recursos, por lo cual la Nación les exigió hacerse cargo de subsidios al transporte, además de iniciar un camino gradual de reducción de impuestos distorsivos.
Con el nuevo gobierno, el Presidente dejó sin efecto la transferencia de las distribuidoras eléctricas a la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires y volvieron a jurisdicción nacional. Después decidió congelar las tarifas eléctricas y de gas, por el cual la Nación se hará cargo de subsidios por $ 180.000 millones en los próximos tres meses.
Pero, además, también congeló las tarifas del transporte público, con lo cual asumió subsidios por otros $ 150.000 millones, mientras invitó a las provincias a imitar la medida. Como hubo críticas, la Nación decidió asignar un fondo de $ 5.000 millones para la totalidad de las provincias, lo que marca la disparidad y discrecionalidad con que se manejan los fondos nacionales.
Pero lo esencial es tener claro que todos los subsidios que paga la Nación es con el uso de recursos de todos los argentinos, lo que, en buen romance, implica que los habitantes de las provincias están subsidiando el consumo de los que habitan en la zona del Ámbito Metropolitano de Buenos Aires (AMBA). Las migajas de repartir subsidios entre las provincias no tiene nada que ver con el federalismo.
Es hora de que las clases políticas entiendan, y que la misma ciudadanía exija, la necesidad de recrear las reglas del sistema federal y esto requiere responsabilidad en el manejo de los fondos públicos por parte de la Nación y las provincias.
Además, hay que remover impuestos duplicados (como el Impuesto al Patrimonio) y otros que deberían ser de jurisdicción provincial (como el IVA).
Se trata de un tema que llevará tiempo para su implementación, pero se debe comenzar a discutir y rediseñar reglas que permitan la plena vigencia del sistema federal para evitar vivir en una especie de limbo que nos acerque más a un sistema unitario.
