La decisión de la Sociedad Interamericana de Prensa, de enviar una nueva misión a la Argentina -la tercera durante el kirchnerismo y la segunda durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner- no hace más que ratificar las denuncias sobre las graves amenazas que se ciernen sobre los medios independientes en nuestro país.
El anuncio fue formulado por el titular de la comisión de Libertad de Expresión de la SIP y director del diario La República, de Perú, luego de escuchar un informe presentado por el vocero de la delegación argentina y titular del diario La Gaceta de Tucumán. Por su parte, el presidente de la entidad, el periodista del diario The Washington Post, Milton Coleman, aseguró que la Argentina se encuentra en la lista de países donde ha “empeorado” el clima imperante para el ejercicio de la actividad periodística.
El planteo solicitando la presencia de la SIP en la Argentina para el día 7 de diciembre fue realizado por los titulares de los diarios La Voz del Interior y Los Andes, mientras el vocero de la delegación argentina aseguró que los ataques contra la prensa no ceden, mientras se produce -paralelamente- una rápida expansión de los medios adictos al Gobierno.
Durante la reunión efectuada en San Pablo, Brasil, nuestro país fue señalado, junto a Ecuador y Venezuela, entre los más amenazados de la región en lo que a libertad de prensa se refiere. Una situación que ya fuera denunciada un año antes, en un congreso de la SIP realizado en Lima, Perú, donde se advertía el problema, aunque en ese caso se señalaba también a Bolivia, Cuba y Nicaragua.
La importancia de la Sociedad Interamericana de Prensa puede resumirse en el hecho de que nuclea a 1.300 publicaciones, con una circulación de más de 43 millones de ejemplares en papel, a los que se suma un número importante de lectores on line..
Los avances sobre la prensa en la Argentina se profundizaron en 2009, después de las elecciones legislativas que perdió el kirchnerismo cuando, en lugar de aceptar la decisión de la ciudadanía, inició una cruzada destinada a sancionar proyectos antes de que se produjera el recambio en el Congreso. Hubo en la oportunidad fuertes presiones, a través de las cuales el Gobierno logró la sanción de una ley que incluye artículos directamente destinados a golpear, desguazar y si es posible suprimir ciertos medios audiovisuales que el oficialismo considera “enemigos”. Luego siguió la avanzada sobre los medios gráficos, con fuertes ataques sobre Papel Prensa, empresa que es la principal proveedora de papel de diarios en el país.
Los hechos continuaron luego, como cuando un juez intentó que varios medios escritos identificaran a los periodistas que en los últimos cinco años habían escrito notas sobre mediciones de inflación distintas a las del organismo oficial de estadísticas. Mientras, más adelante, la propia Presidenta de la Nación planteó la necesidad de que exista una ley de ética pública para el periodismo que no comulga con su manera de pensar y actuar, a la par que cuestionaba directamente a un periodista del diario Clarín.
En los últimos tiempos, el Gobierno ha profundizado sus críticas hacia la prensa independiente e insinuado -incluyendo las palabras de la propia Presidenta- que podría existir una intervención oficial sobre los medios audiovisuales del Grupo Clarín. Amenazas que no hacen más que ratificar que el camino elegido por el Gobierno va a contramano de lo que sucede en la gran mayoría de los países del mundo, a excepción de aquellos que tienen regímenes autoritarios. Los medios tienen la misión de informar, examinar o criticar las acciones del Gobierno, porque representan a la multiplicidad de las voces del poder civil. Avanzar sobre ellos va en contra de la calidad democrática y así lo han entendido quienes nuclean al periodismo libre de América Latina.
