El Gobierno nacional ha hecho, del conflicto por la deuda externa, una suerte de acción patriótica con resultados inciertos para el país. El último capítulo lo constituye el anuncio presidencial de denunciar a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, por considerar que la Justicia de ese país avasalla con sus fallos la determinación argentina en cuanto a la reestructuración de su deuda externa.
Se trata de una actitud meramente desafiante, que deteriora más que nada las relaciones bilaterales, puesto que la Casa Rosada es plenamente consciente de que la Corte Internacional de Justicia sólo podrá intervenir si el país denunciado, EEUU, acepta su jurisdicción, algo que ayer acaba de ser definitivamente rechazado por la nación del norte.
El principal destinatario de este insólito paso fallido dado por el gobierno argentino es el juez neoyorquino Thomas Griesa, punto de partida de la comprometida situación en que se encuentra nuestro país con su fallo a favor del reclamo de los acreedores que no participaron de los canjes de deuda de años anteriores, al que las autoridades nacionales, muy especialmente la propia Presidenta y el ministro de Economía, Axel Kicillof, buscan demonizar con agravios permanentes.
Afortunadamente, la Corte Suprema de Justicia de nuestro país se interesó recientemente por el diferendo y se expresó de una manera atinada y prudente.
Si bien cuestionó el accionar de Griesa, dispuso no pronunciarse sobre la deuda argentina. Sólo la voz del juez Zaffaroni, el más cercano al kirchnerismo en el máximo tribunal, embistió desacomodadamente contra el juez de Nueva York.
El resto de los miembros de la Corte cuestionó al magistrado, básicamente, por considerar que no previó las consecuencias políticas y financieras de su fallo, colocando en tela de juicio a partir de ahora todo proceso de reestructuración de deuda que se pueda plantear no sólo en la Argentina.
Por lo demás, desde el máximo tribunal respetan la jurisdicción estadounidense de la causa, además de reconocer que no corresponde que se expresen desde el momento en que no hay ninguna causa judicial abierta sobre el tema en la Justicia argentina.
Justamente, esta postura mayoritaria de la Corte Suprema es la que debería guiar los pasos políticos a dar por parte del Gobierno. En primer lugar, respetando el fallo del juez Griesa y las posteriores resoluciones judiciales estadounidenses que avalaron el mismo, porque el conflicto fue tramitado únicamente en todas las instancias judiciales del país del Norte.
En segundo lugar, la actitud actual del Gobierno nacional aumenta las dudas sobre inseguridad jurídica que nuestro país tiene en el mundo a partir del hostigamiento que ha hecho el kirchnerismo en todos estos años a los jueces independientes, pretendiendo imponer aquello de que una justicia es justa sólo cuando es adicta. Es decir, el sometimiento de los jueces y fiscales a cuestiones falsas, no auténticas
Por el contrario, el respeto a decisiones judiciales adversas adoptadas por autoridades de otro país al que el Gobierno aceptó para dirimir un litigio, abre la puerta a una discusión posterior sobre cuestiones que pueden ser absolutamente válidas, como la citada crítica que desde la Corte argentina se efectuó recientemente a Griesa por trabar la reestructuración de una deuda soberana.
Cumplir con los compromisos y luego disentir y reclamar es una premisa básica que habla de buenas costumbres y respeto por parte de un pueblo a través de sus autoridades, virtud que parece faltarnos en las actuales circunstancias.
