La decisión administrativa que ahora se ha revocado se tomó durante la gestión del anterior superintendente del Departamento General de Irrigación, ing. Eduardo Frigerio. Su cuestionamiento tuvo dos momentos culminantes: el primero, cuando el ex-titular renunció para evitar enfrentar al Jury de Enjuiciamiento y el segundo, días pasados, cuando el Gobernador de la Provincia, en su discurso ante la Coviar, anunció que serán cegados 20 de los 21 pozos para riego, ubicados en la margen derecha del río Mendoza.
El anuncio pasó a los hechos concretos cuando los miembros del Tribunal Administrativo de Irrigación, con el aval de más de 40 inspecciones de cauces del río Mendoza, decidió por unanimidad acompañar la decisión del mandatario provincial.
La resolución del Tribunal Administrativo de cegar aquellos pozos que fueron otorgados en forma cuestionable por la gestión anterior, con la que acompañó la decisión del Poder Ejecutivo provincial, honra la historia y la jerarquía institucional de Irrigación, un organismo en el que los mendocinos han depositado su confianza para gestionar con seriedad y honestidad el uso del agua, elemento vital cuya escasez se agrava cuando hay pocas nevadas y que sostiene la vida de sus habitantes y su economía con el deshielo de las montañas.
La cuestión en torno al agua subterránea es particularmente grave porque el mayor volumen se mueve bajo la superficie y, según afirman los expertos, si se multiplica la cantidad de pozos en la zona alta de un río, en este caso el Mendoza, se deja sin agua a las fincas de las zonas bajas. De allí que los permisos de perforación sólo se otorgan cuando se incrementan los acuíferos.
La autorización para la perforación de estos 21 pozos que otorgó la anterior gestión presenta diversos aspectos cuando menos cuestionables. Entre otros, el hecho de que existían numerosos interesados particulares, anotados con anterioridad, que permanecían a la espera de mayores volúmenes de agua subterránea. Sin embargo, como una asociación de usuarios tiene prioridad por sobre los pedidos particulares, los inversores presentaron el pedido a nombre de una entidad, con la intención de desplazar a los anteriores pedidos pero -según la información- los permisos precarios fueron otorgados a cada empresa en particular y no a la asociación conformada.
La decisión del Departamento de Irrigación ya ha generado acciones legales de parte de quienes se consideran “perjudicados”, aunque profesionales del derecho de aguas aseguran que la medida revocatoria tiene una sólida consistencia jurídica para hacer frente a las demandas.
El recurso hídrico es vital para la provincia, a punto tal que la Constitución de Mendoza le otorga un capítulo especial, mientras la conformación y objetivos del organismo han sido tomados como ejemplo por distintos países. De allí que las decisiones que se adopten, especialmente en el otorgamiento de permisos de uso del recurso hídrico, deben respetar lo establecido por las normas legales correspondientes. Y si así no sucede, quienes tomaron las decisiones deberán responder a los requerimientos de la Justicia.
