En los distintos ministerios y organismos descentralizados del Poder Ejecutivo hay 51.396 empleados contratados. Esto equivale a un aumento de 220% respecto de los 16.122 contratados que había en mayo de 2003, al inicio de la gestión de Néstor Kirchner. Así, los últimos datos oficiales disponibles (a julio de 2012) del Ministerio de Economía revelan que en los últimos 10 años hubo una fuerte "precarización" del empleo estatal.
Estas cifras marcan también que en mayo de 2003 en las distintas áreas que dependen de la Casa Rosada había 243.413 empleados, de los cuales el 6,6% o 16.122 eran contratados. A julio de 2012 el total aumentó a 328.589 personas, con 51.396 contratados (15,6%). Así se advierte que hubo un marcado incremento del personal contratado en detrimento del permanente.
Si se excluyen los ministerios de Seguridad y Defensa -con 200.000 empleos y casi sin contratados- el peso de los contratados es elevadísimo. En algunas dependencias se da la paradoja de que tienen más contratados que empleados permanentes o transitorios, como en Presidencia, Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Planificación.
El Ministerio de Trabajo figura con 4.433 contratados, de los cuales 2.609 son del Ministerio, 1.733 en la Anses y 91 en otros organismos dependientes de la cartera laboral. Aquí se da la paradoja de que los permanentes propios de Trabajo suman 1.143, y los contratados 2.609. El grueso de los permanentes y transitorios de Trabajo (15.119 casos) corresponde a la Anses.
Matías Cremonte, director del departamento jurídico de ATE, uno de los gremios estatales, dijo que "la mayoría de los contratos son a través de la figura del contrato a plazo fijo -conocido por la norma que lo reglamentó, la Resolución 48/02 o art 9-, o directamente mediante contratos de locación de servicios, lo que obliga a los trabajadores a inscribirse en el monotributo y facturar.
También a través de contratos con organismos internacionales (como el PNUD), o pasantías falsas, ya que si bien se hacen mediante universidades nacionales, en verdad son empleos disfrazados. Esto implica que todos estos trabajadores carecen del derecho a la estabilidad, y eso restringe su posibilidad de sindicalizarse, de reclamar un aumento salarial o cualquier otro derecho, ya que dependen de que el funcionario a cargo le renueve su contrato cada seis meses o un año. Es decir, se usa como disciplinador".
Cremonte agregó que estos trabajadores contratados perciben menos adicionales que los trabajadores que hacen las mismas tareas y pertenecen a la planta permanente del Estado. "Es decir, se viola otro derecho constitucional como el que establece ?igual remuneración por igual tarea' (también el art. 14 bis). Tampoco tienen el derecho a una indemnización en caso de despido como tienen los empleados del sector privado".
Una de las razones por las que no se avanza en el pase a planta de los trabajadores contratados -añadió Cremonte- es que las vacantes siguen congeladas desde la época del menemismo.
"Los concursos que se abren son pocos y lentos y se cae en la contradicción de que empleados que trabajan hace años para el Estado, y por lo tanto, han demostrado su idoneidad para la función que ejercen, se les exige aprobar un concurso. Ciertamente todos los cargos en el Estado deberían ser cubiertos mediante un concurso público, pero no después de que se trabajó durante años", explicó el experto.
