Cualquier análisis de la mentada “década ganada”, es decir, los gobiernos kirchneristas desde 2003 hasta la fecha, muestra con evidencias contundentes que cualquier evaluación seria y responsable de este período debe apuntar en sentido contrario. Según los últimos resultados electorales, para la mayor parte de la sociedad argentina se trata de una década perdida, porque se perdió una oportunidad histórica que no se repite muy frecuentemente.
También se puede calificar a estos últimos diez años como la década del despilfarro. El diccionario nos dice que despilfarro es gasto de dinero en forma insensata e incontrolada; derroche, dilapidación, dispendio. Nada más preciso que estos calificativos para sintetizar lo ocurrido. Señalemos algunos de los despilfarros.
Sin duda, la extraordinaria coyuntura internacional de términos del intercambio tan favorables como sólo ocurrió en otras dos o tres oportunidades en la historia del país.
Esa mejora en los precios de los productos que exportamos respecto de los que importamos fue malgastada con una política de agresión al sector agroexportador, castigado con altísimas retenciones que obligaron, al final del camino, a que los productores agrarios se volcaran masivamente al cultivo de soja, tan condenado y despreciado por la Presidenta en momentos de la denominada crisis del campo. Los caprichos políticos terminaron incentivando el casi monocultivo.
Se destruyó al sector ganadero con políticas de precios que llevaron a una disminución de 10 millones de cabezas del stock ganadero y a una pérdida de mercados internacionales altamente demandantes, ganados ahora por Brasil, Uruguay y Paraguay. Las economías regionales, como la nuestra, que con enorme esfuerzo habían logrado una buena inserción en los mercados internacionales, han sido ahogadas y paralizadas por el atraso cambiario, la presión fiscal y la inflación.
La destrucción deliberada y persistente de uno de los más prestigiosos institutos estadísticos del mundo -el Indec- ha dejado al país a ciegas en materia de estadísticas. Más de un lustro de manipulación y adulteración de datos nos llevan a que nadie sepa a ciencia cierta dónde estamos parados; cuál es el PBI real de la Argentina; cuál ha sido efectivamente su crecimiento en la década; cuánta es la inflación. Ni hablar de estadísticas sociales básicas para la elaboración de políticas, como porcentaje de población pobre e indigente.
Políticas sociales que, dicho sea de paso, han terminado en un clientelismo humillante y en el remplazo, para amplios sectores de la población, de la cultura del trabajo y del esfuerzo por la del reclamo, de la dádiva. En definitiva, una sociedad fracturada en mil pedazos, donde pareciera que todos están contra todos. En definitiva, al igual que en materia económica, se ha consumido un valioso capital acumulado y nadie sabe cómo puede reconstruirse.
Volviendo a los aspectos económicos, no hace falta, por estos días, hablar de la crisis energética. En una década se pasó de tener superávit en la producción de hidrocarburos, de energía eléctrica, a importar estos productos por más de 12 mil millones de dólares anuales. El 30% del consumo de gas es abastecido por la importación de gas natural y licuado, a precios a veces exorbitantes. Una “perfecta” sustitución de importaciones al revés, todo un símbolo del “modelo”.
El mentado éxito de la industria automotriz, bien mirado, no es tal. El déficit entre importación y exportaciones es del orden de 7.800 millones de dólares y las autopartes mayor aún. El 70% de cada automotor producido son piezas importadas; una industria de ensamblaje como en los inicios en la década del ’60. No es diferente la situación de la denominada industria de artículos electrónicos de Tierra del Fuego, con un déficit de 7 mil millones y consumidores obligados a pagar precios mucho más altos por los productos.
Finalmente, lo que sí nos deja la década kirchnerista es un Estado de tamaño monstruoso, de una ineficiencia equiparable a los peores países del mundo, en torno al cual se ha constituido una oligarquía impúdica y nefasta. El despilfarro del dinero público, y buena parte del privado inducido por ese Estado, es un costo que estamos empezando a pagar.
